Las policías locales accederán a 1.700 informes de mujeres maltratadas
La Junta complementa con un millón de euros la financiación local del Pacto de Estado
Los policías municipales de Castilla y León tendrán a su alcance los informes de víctimas de violencia de género que elaboran los CEAS con el fin de mejorar en «efectividad» en la protección de las mujeres que se encuentran en esta situación en sus municipios y requieren asistencia. Los agentes locales dispondrán, así, de unos datos que la Junta ya comparte con otros órganos, como jueces y fiscales, y que trabaja para que lleguen a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En concreto, se trata de 1.700 informes de valoración que realizan los coordinadores de caso de los CEAS de la Comunidad de cada una de las víctimas de violencia de género, que en manos de los agentes suponen una «valiosa información» que facilita una atención «más inmediata y personalizada», explicó ayer la consejera de Familia, Alicia García, tras la firma de un acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) que recoge está medida.
Además del acceso a los citados informes, la actuación de las policial locales ante las víctimas de violencia de género se verá también reforzada con la puesta a su disposición de los servicios de traducción que utilizan los CEAS con mujeres extranjeras que no hablan castellano. Asimismo, se pretende impartir formación específica a los policiales municipales para la asistencia de personas en esta situación.
Promoción de la igualdad
El acuerdo entre la Junta y la FRMP incluye, además, un refuerzo económico a las acciones de las corporaciones locales en materia de igualdad y violencia de género. En concreto, la Junta pone a disposición de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones una hucha de un millón de euros para campañas y acciones de promoción desarrolladas en esta dirección en 2018, tales como las que se pusieron en marcha en las fiestas patronales de algunas ciudades.
Estos fondos tratan de «compensar» la financiación contemplada por el Pacto de Estado para las corporaciones locales y que la Junta entiende que es «a todas luces insuficiente». Así, García explicó que el reparto del presupuesto se hizo conforme a criterios de población y a los municipios de Castilla y León les correspondió una cuantía que no tiene en cuenta otros condiciones como la dispersión o la población envejecida. De ahí, el paso del Ejecutivo regional por «completar» su presupuesto para llevar a cabo las acciones de promoción de la igualdad de trato entre hombre y mujeres y la lucha contra la violencia de género que les encomienda el Pacto de Estado. En concreto, el Gobierno determinó que las corporaciones locales de Castilla y León recibieran 1,1 millones y la Junta duplica esta cantidad disponible con una aportación de un millón.