Irán a los tribunales si las regiones no diseñan planes de calidad del aire
No es uno de los territorios más afectados por la contaminación, pero los niveles de ozono superiores a los valores objetivo registrados en Castilla y León se han convertido en un revulsivo forzoso que va a obligar a ponerse las pilas a buena parte de las administraciones autonómicas españolas en políticas medioambientales. La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de esta región ha obligado a la Junta a elaborar un plan de calidad de aire que aborde medidas concretas para atajar la situación, siendo la primera vez que un tribunal declara en España esta «obligación legal». La sentencia llega después de una denuncia de Ecologistas en Acción que con este pronunciamiento de su parte va a acudir ahora a todas aquellas comunidades que, al igual que Castilla y León, no están «al día» y «no cumplen». En principio, la organización asegura que irá por la buenas, con la sentencia – contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo– de la mano para que se adhieran a las buenas prácticas que ella dictamina. Si no lo hacen, advierten, acudirán a los tribunales.
En concreto, son once las regiones a las que pedirán cuentas: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, que suman una población afectada de 18 millones de personas y una superficie de 340.000 kilómetros cuadrados.
El Gobierno también está «advertido» en esta batalla judicial por combatir el ozono. En este caso, Ecologistas en Acción ya ha presentado la correspondiente demanda ante la Audiencia Nacional para abordar los niveles de acumulación de ozono que superan los objetivos marcados año tras año.
En Europa, además, hay un procedimiento abierto sobre esta carencia en España tras la sesión de la Comisión de Peticiones del pasado 9 de octubre en la que se acordó requerir información al Gobierno, según informaron desde Ecologistas. Y es que esta sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León llega después de resoluciones similares adoptadas en los últimos años por juzgados nacionales de otros países, como Alemania o Bélgica, que se han visto ya ante la obligación de elaborar planes de actuación.
La organización ecologista entiende que el Ejecutivo central no se puede quedar al margen de una problemática que no deja indiferente a ninguna región y que no entiende de fronteras.
En la Audiencia Nacional
Hay un procedimiento abierto contra el Gobierno para exigir una estrategia de carácter nacional
Doce autonomías
Son doce las autonomías que carecen de un marco de actuación como al que obliga la sentencia del TSJ