Tudanca critica la «privatización» de los PCR a profesores y alumnos
▶ Educación llega a un acuerdo con dos clínicas privadas para «agilizar» el trabajo en la Atención Primaria «¿La externalización está mal aquí y bien en Valencia, donde gobiernan PSOE, Podemos y Copromís?»
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, acusó ayer a la Junta de «privatizar» las pruebas PCR para la detección de posibles casos de coronavirus en la comunidad educativa, tanto de profesorado como de alumnos. Y es que para «agilizar» la Atención Primaria y no saturar a los centros de salud, tal y como se justificó el Ejecutivo, aportarán 741.000 euros a dos entidades privadas para «externalizar» así las pruebas de los colegios. Para el socialista, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha optado por «seguir el mismo modelo que el del señor Casado y que el de la señora Ayuso», en referencia al líder del PP nacional, Pablo Casado, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«Esa cantidad se podría haber utilizado para la sanidad pública», con la contratación de personal y medios que realizasen esas pruebas, detalló Tudanca, quien también señaló que la Junta ha decidido protagonizar «retrasos» y «no tener reactivos» para las pruebas, además de «un mal control de rebrotes» y «dificultades para el rastreo» y decantarse por «seguir con el proceso de las privatizaciones».
Ante esta acusación, la Consejería de Educación explicó ayer a Ical que los servicios de prevención de la Junta, a través de dos empresas, tomarán las muestras de las pruebas PCR a los alumnos, profesores y personal de los centros para evitar la saturación en la Atención Primaria. También apuntó que Mañueco ya había anunciado que los equipos «Covid colegios» iban a salir de los servicios de prevención de la administración autonómica.
Además, Educación aseguró que las pruebas entre el alumnado en caso de un positivo en un aula no serán, en ningún caso, obligatorias, por lo que los padres se pueden negar a que sus hijos se sometan a este test
En una línea más crítica que Tudanca se mostró el líder de Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández. «Es bochornoso y lamentable que se vaya a destinar esa cantidad a dos empresas como Cualtis y Quirón Prevención. Las pruebas las debería hacer Sacyl, es responsabilidad de la Junta. Es una vergüenza como se está deteriorando la Sanidad pública», lamentó. Igual que el socialista, Fernández, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, también sacó a la palestra el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid: «Es intolerable que Mañueco copie los peores vicios de Ayuso, que es un peligro público».
El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, David Castaño, se enfrentó a los periodistas después de las palabras de Fernández. Sobre la «privatización» de las PCR de alumnos y profesores, aseguró que es una estrategia de la Junta para «agilizar la Atención
Primaria y que no llegue a desbordarse nunca». «Lo importante es que se hagan las máximas PCR posibles. Cuantas más mejor», apuntó. Al respecto, Castaño añadió que el sistema sanitario público «debe dedicarse a atajar la enfermedad».
Después de las intervenciones de Fernández y Castaño, el portavoz del Partido Popular, Raúl de la Hoz, asumió la palabra para responder las acusaciones. Para ello, el popular lanzó una pregunta al aire: «¿Es malo que en Castilla y León se externalice estas PCR y a la vez es bueno que se haga lo mismo en Valencia, donde gobiernan PSOE, Podemos y Compromís?». De la Hoz explicó que en la Comunidad se destinarán 741.000 euros, pero en Valencia «serán 4 millones de euros a ocho empresas». «Esto es el absurdo de la oposición en la Comunidad».
También continuó con el discurso de Ciudadanos y afirmó que «la externalización busca ganar agilidad en la detección de posibles infectados sin perder tiempo». El objetivo de la Junta es que las aulas recuperen su actividad normal en el mínimo tiempo posible. «Si somos capaces de reducir las 48 horas de espera del resultado a 2 o 3 horas ayudaremos a los colegios a no paralizar las clases», sostuvo.
130 euros por prueba
UGT exigió que Mañueco explique esta decisión y que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, exprese su opinión y si ha sido consultada. «Exigimos que de una vez por todas la Junta cumpla la legalidad en materia de Salud Laboral», sostuvo el sindicato. En ese sentido, consideró un «despropósito mayúsculo» la «privatización» porque recalcó que supondrá un coste de 130 euros por prueba y porque se van a poner en manos de una empresa privada datos personales de menores y de sus progenitores.
Asimismo, UGT criticó que la contratación se realizó el mismo día de inicio de las clases porque al parecer no se habían preocupado «ni lo más mínimo» de llevar a cabo un plan de vuelta a los colegios.