Superpoderes para Moncloa y reforma de leyes «de tapadillo»
▶ La negativa del PP lanza a Bruselas el mensaje de que puede haber un mal uso de los fondos
dos europeos. No fue solo el PP quien optó por el «no», con multitud de críticas a la unilateralidad y a la ausencia de negociación, pero la número dos del Gobierno solo afilaba sus palabras contra el líder de la oposición.
Se mostró agradecida a todos los partidos, sin citarlos, que permitieron salvar el real decreto ley del Gobierno, «tan necesario» para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La pregunta que le repitieron y no contestó permanecía en el aire: «¿Ha negociado el Gobierno con Vox?».
Sí respondió después el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, quien negó tajantemente que existiese «ningún tipo de interlocución, conversación o negociación» con un Gobierno al que su partido no duda en calificar como «ilegítimo y criminal». Espinosa de los Monteros justificó la abstención de su formación en «lo importante y urgente» que es que lleguen los fondos a trabajadores y autónomos.
A juicio de Vox, tumbar el decreto habría supuesto «meses» de nuevas negociaciones entre el Ejecutivo y las autonomías, con la consecuente demora de los fondos. Como la mayoría de partidos, abogó por que se tramite el decreto como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Así será.
Críticas bidireccionales
La extraña conjunción aritmética, con Vox de salvavidas del Gobierno, provocó críticas bidireccionales. Por un lado, los aliados habituales del Ejecutivo lamentaron que hubiese dilapidado la «mayoría progresista» para terminar dependiendo de «la extrema derecha». También partidos que respaldaron el decreto, como PNV o Más País, exigieron más escucha y diálogo. Los de Santiago Abascal, por su parte, recibieron la censura de PP y Cs. La portavoz popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, lamentó que se perdiese la oportunidad de «cambiar» la manera «clientelar» de gestionar los fondos, mientras que la líder de Cs, Inés Arrimadas, acusó a Vox de entregar «la caja del dinero» a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias «sin ningún tipo de control».
La debilidad parlamentaria que ayer evidenció el Gobierno en la tramitación del real decreto para la gestión de los fondos europeos lanza un mensaje de fragilidad directo a Bruselas. Y, en un momento en que la Comisión ha establecido el consenso como condición previa y necesaria a la recepción de las ayudas, la vertiginosa votación deja al descubierto que los apoyos del Ejecutivo pueden disolverse como un azucarillo.
El decreto buscaba eliminar «cuellos de botella» para que una Administración poco ágil como la española pudiera digerir los 140.000 millones a recibir en los próximos seis años, de los cuales 72.000 millones serán ayudas directas. El texto convalidado ayer recoge medidas para reorganizar la administración del Estado y simplificar trámites, pero no aborda su reparto. La polémica ha saltado principalmente por el modelo de gobernanza impuesto, que centraliza el poder en Moncloa, algo que ayer le echaron en cara la práctica totalidad de los grupos, y por reformar «por la puerta de atrás», en palabras de la popular Elvira Rodríguez, la legislación de contratación de la Administración, sin los debates ni cautelas requeridos.
Lejos de un comité de expertos de reconocido prestigio, como han puesto en marcha países vecinos como Italia o Francia, y como había propuesto también el PP, la comisión que dirigirá los fondos y que centralizará su control desde la Presidencia ha sido diseñada para limar las asperezas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Denuncia el PP La norma elimina buena parte de los controles de seguridad en la gestión de fondos públicos de España
que generó en el vicepresidente Pablo Iglesias el primer borrador de este decreto, que le mantenía fuera de la estructura interministerial. El texto original contaba con hasta once ministerios, incluidas las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, pero no con Iglesias y solo incluía la cartera de Yolanda Díaz entre las del ala morada del Gobierno. Finalmente serán todos los ministros, también Iglesias, quienes gestionarán y ejecutarán el maná europeo.
Otros de los agujeros negros del texto está en la simplificación de algunos procesos administrativos en aras de la eficiencia. Precisamente el PP fue ayer especialmente crítico con este aspecto y denunció su «discrecionalidad y falta de transparencia». «Es un cóctel letal para el clientelismo y la corrupción», dijo ayer Rodríguez. Y es que la norma simplifica las leyes de contratos y subvenciones y reduce la presencia de la Intervenión General del Estado. Según las cifras de los populares, «más de la mitad del contenido del decreto no necesitaba estar recogido en una norma con rango de ley. Pero con la excusa de la imperiosa necesidad de ejecutar rápidamente los fondos se han llevado por delante una parte significativa de los mecanismos de seguridad de la gestión de los fondos públicos en España. De ahí la preocupación».
El otro gran foco de incertidumbre llega con la vía elegida por el Gobierno para canalizar la colaboración privada. Además de los proyectos estratégicos que pueda financiar Europa, que no se conoce aún cómo se determinarán, solo se sabe que se crearán «sociedades de economía mixta» en las que habrá mayoría pública pero en las que concurrirá el capital privado.