PENDIENTES DE LA FISCALÍA

EDITORIALES Basta un recurso de los fiscales ante el Supremo para forzar a los presos condenados por sedición a volver a prisión y que dejen de hacer campaña electoral

LA arbitraria decisión de la Generalitat de excarcelar por criterios políticos, que no jurídicos, a los condenados por sedición para que hagan campaña electoral libremente en favor del independentismo, roza la prevaricación. La Generalitat dispone de las competencias exclusivas en materia penitenciaria –un inmenso error del Estado que ahora va a repetir Pedro Sánchez con el País Vasco–, y ha dispuesto todo un operativo para que la concesión del tercer grado a los presos tenga la fachada de una decisión legal y legítima. Pero no lo es. Resoluciones idénticas fueron revocadas antes por los Tribunales porque no se cumplen ni de lejos los requisitos esenciales para ponerlos en libertad. Desde esta perspectiva, la Fiscalía aguarda a que la decisión de la Generalitat sea notificada para proceder. Los tiempos están muy forzados por la consejería de Justicia, sabedora de que quienes no se saltan los cauces legales son los fiscales, que en vez de recurrir de oficio ante la constatación de la excarcelación de los presos del 1-O esperarán a recibir la notificación de la Generalitat antes de requerírselo a los jueces. En lo que se complete este proceso, es probable que se hayan celebrado las elecciones, por lo que cabe preguntarse si la Fiscalía no debería adelantarse ante la que difícilmente puede calificarse de otra manera que de una burla a la Ley: el enésimo ejemplo de un victimario cansino para reconstruir el cartel electoral de un separatismo fracturado. Todo es una inmensa farsa que acredita una permisividad muy nociva para la democracia. Cuanto antes se ordene su ingreso en prisión, mucho mejor. Esta percepción de ninguneo sistemático a la Justicia resulta frustrante.

El separatismo siempre está necesitado de provocaciones. Pero más aún ahora, que se presenta dividido a las elecciones, y que debe competir con el candidato elegido por Pedro Sánchez para presidir la Generalitat. Es una excarcelación en ilegítima defensa de un independentismo que no termina de digerir el fracaso de su proceso de ruptura con España ni la creciente desazón y desmovilización que han generado entre su propio electorado. Solo por eso, y no por una cuestión humanitaria, han forzado la salida de los presos con el fin de aglutinar las mayorías que los dirigentes y candidatos que están en libertad no consiguen. No obstante, el sobredimensionamiento mediático de Salvador Illa parece estar ya surtiendo menos efecto del que el aparato de propaganda de Moncloa sugiere. Una encuesta situó ayer al PSC como tercera fuerza política en Cataluña, con una relevante subida hasta los 26-29 escaños, pero siempre por detrás de ERC y de Junts, que podrían revalidar sin demasiados problemas una mayoría secesionista.

La incógnita está en lo abierto de estas elecciones, que ofrecen un doble resultado posible: otra alianza entre ese independentismo viciado por rencores políticos y personales, y un tripartito encabezado por ERC del que pudieran participar el PSC y Podemos. De ahí la relevancia de que los socialistas catalanes aclaren si su esencia no deja de ser soberanista. Entre el independentismo y el constitucionalismo no puede haber bisagra posible pese a que así se empeñen en asegurarlo Pedro Sánchez o Salvador Illa. En este sentido, el crecimiento previsto del PP o la entrada de Vox en el Parlament son tan buenas noticias como pésimo es el desplome de Ciudadanos, que quedará abocado a una refundación mucho más profunda que la planteada de momento por Inés Arrimadas. De cualquier modo, con los presos en la calle, solo gana el separatismo. Y eso siempre es un gravoso perjuicio para España. Sobre todo, porque presumen de que «lo volveremos a hacer».