¿Por qué sigue Junqueras de paseo? Pues porque no le viene bien a Sánchez que actúe la Fiscalía

ORIOL Junqueras, de 51 años, historiador de formación y salido de un pueblo del cinturón de Barcelona, no es exactamente el Dalai Lama. Tiene todo el derecho a pensar como quiera, por supuesto. Pero el problema radica en que vive su ideología separatista con tal fanatismo que intentó imponerla a la brava en una comunidad donde no es mayoritaria, y lo hizo pisoteando la ley y la verdad. De manera farisaica presentó con tono santurrón su proyecto, de evidente ramalazo xenófobo contra «nuestros amigos los españoles». Además, mintió a los catalanes sobre las bondades económicas de la independencia, cuando la mera intentona de 2017 ya la han pagado con éxodo de empresas y caída drástica de la inversión. Junqueras fue el cerebro del plan que puso toda la maquinaría del Gobierno catalán a trabajar contra el Estatuto de Cataluña y la Constitución para proclamar una República. Por ello, en un juicio con todas las garantías, fue condenado a 13 años por sendos delitos de «sedición y malversación de caudales públicos». «Dinamitó las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario», explicó el Supremo. Jamás se ha arrepentido. Cada vez que lo entrevistan en la prisión-spa de Lledoners, donde goza de privilegios desconocidos en el régimen penitenciario español, nunca falta su amenazante «lo volveremos a hacer».

El problema es que el carcelero de Junqueras es el Gobierno nacionalista catalán, formado por gente del partido que él lidera y que comparte y admira el golpe que lo llevó a prisión. Así que mediante una política de hechos consumados, han intentado sacarlo a la calle junto a los otros presos del levantamiento, otorgándole un «tercer grado» que todavía no les corresponde y que equivale a la semilibertad. La primera salida, el pasado verano, fue recurrida por la Fiscalía y se les devolvió de inmediato a prisión. El pasado 4 de diciembre llegó la resolución definitiva del Tribunal Supremo al respecto, ratificando que no eran merecedores del tercer grado, al no haber cumplido ni la mitad de sus penas (Junqueras ni la cuarta parte) y por la gravedad de sus delitos.

Pero «pa chulo, el menda», que diría el castizo. Al mes siguiente de la decisión del Supremo, la Generalitat se la pasa por el arco del triunfo y ha vuelto a regalar el tercer grado a sus compañeros de causa, para que se pavoneen por la campaña electoral. Evidentemente los gobernantes catalanes están prevaricando, pues han tomado su decisión a sabiendas de que es injusta (el rotundo rechazo del Supremo es recientísimo). ¿Y qué hace la Fiscalía? Nada. Esta vez se lo está pensando, pues es un órgano al servicio de Sánchez –como aclaró él mismo en su día– y al PSOE no le viene bien ahora cumplir las normas y devolverlos a la cárcel, no vaya a ser que el circo victimista del nacionalismo, maestro del género, dañe las opciones de Illa. De nuevo importan más los intereses del PSOE que los de España, cuyo estado de derecho va camino de convertirse en una PlayStation para que juegue el Ejecutivo.