Los parlamentos europeos, a pleno rendimiento pese a la crisis sanitaria
▶ La pandemia no sirve como excusa para frenar la actividad, sino todo lo contrario
despenalizará la eutanasia. Fue registrada a finales de enero de 2020 con tramitación normal, pero se encuentra ya en el Senado. Los nuevos Presupuestos fueron otro ejemplo. El Gobierno los presentó a finales de octubre pero en menos de dos meses estaban ya aprobados.
Sin ley de nueva normalidad
Entre los proyectos que se encuentran varados, destacan el desarrollo legislativo de las medidas urgentes antiCovid, el ingreso mínimo vital o la prohibición de los despidos. Aunque especialmente sangrante es el caso de la ley de nueva normalidad. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, defendió este texto en el pleno como herramienta para luchar contra los rebrotes del verano pasado y se encuentra ahora en trámite de ponencia. Después de seis meses de tramitación, PSOE y UP comunicaron al resto de los grupos parlamentarios en diciembre que no admitirían ni introducirían ninguna enmienda salvo una mejora técnica. Si este mes no dan marcha atrás, la nueva ley no será más que una fotocopia del decreto vigente desde junio. Un texto evidentemente incapaz de afrontar cualquier tipo de rebrote.
El bloqueo en materia económica es especialmente sensible pues implica a normas que han afectado a importantes cuestiones legales del funcionamiento de las empresas. Es el caso del proyecto de ley por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del Covid, de abril, y que recoge la prohibición del despido por causa del Covid. Este proyecto de ley, varado en la Comisión de Trabajo a la espera del informe de ponencia, es especialmente polémico en el mundo económico. De hecho, hay empresarios que hablan ya de «reforma laboral encubierta» puesto que se trata de una iniciativa que se puso en marcha cuando las previsiones de la crisis apuntaban a un impacto corto e intenso pero que, finalmente, se ha alargado casi un año sin que horizonte de salida.
Peor suerte ha corrido, en términos de debate parlamentario, el decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. Es de abril y aún se encuentra en fase de enmiendas. O el proyecto por el que se adoptan medidas urgentes complementarias al ámbito social y económico, del mismo mes, y que ha recibido, de momento, 27 ampliaciones del plazo de enmiendas ante su olvido en la Comisión de Asuntos Económicos. Incluso el Ingreso Mínimo Vital, ayuda que fue aprobada por el Gobierno el 29 de mayo y convalidada por el Congreso el 10 de junio con el voto de los populares, pero que aún no ha cumplido con la condición de ser mejorada vía enmiendas.
En los parlamentos de nuestro entorno la pandemia no es una excusa, sino un acicate. La parálisis española no se repite en las principales cámaras europeas, que funcionan a pleno rendimiento en un momento en el que un sistema resolutivo es más necesario que nunca para tomar medidas efectivas que contrarresten el golpe de la pandemia.
En Francia, Emmanuel Macron y su Gobierno han seguido legislando a buen ritmo desde que comenzó a propagarse la pandemia. Todas las decisiones sanitarias, policiales y judiciales que se han sucedido, desde hace doce meses, han sido objeto de discusión y debate parlamentario, aprobando presupuestos, leyes y decretos de urgencia. Esa actividad tuvo un costo sanitario, ya que la Asamblea Nacional (AN) se convirtió, durante un tiempo, en un foco de propagación del Covid-19. Las medidas de política económica (ayudas de urgencia, ayudas a sectores en crisis, etcétera) también han sido aprobadas por la AN. Antes de tomar grandes medidas nacionales (confinamiento, desconfinamiento, toque de queda, etcétera), el Gobierno siempre informó y consultó a todas las fuerzas parlamentarias, informa J. P. Quiñonero.
Solo en el mes de enero, el Bundestag ha celebrado seis sesiones plenarias, cinco de ellas legislativas. En la primera sesión plenaria de febrero tuvieron lugar una sesión de control al Gobierno y dos debates. Con el objetivo de mantener el calendario de sesiones, los partidos alemanes se pusieron de acuerdo el año pasado para que acuda solamente uno de cada tres diputados, de manera que la proporción mantenga inalterado el resultado de las votaciones y puedan respetarse las medidas de distancia de seguridad y aforo. El presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, ha declarado reiteradamente que «el Parlamento debe mantener su papel de legislador y foro público para evitar la impresión de que luchar contra las pandemias es una cuestión únicamente de los poderes Ejecutivo y Judicial». Además, considera que, con su actividad, «el Bundestag puede mejorar la uniformidad federal y la seguridad jurídica de todas las medidas», informa Rosalía Sánchez.
Trampas El Gobierno ofreció tramitar estas leyes a cambio de que se convalidaran sus decretos
Desde que empezó la pandemia, tanto la Cámara de los Comunes como la de los Lores establecieron un sistema de trabajo híbrido, con algunos de sus miembros asistiendo de forma presencial a las sesiones mientras que otros lo han hecho mediante videoconferencia. Aunque este modo de trabajo ha supuesto un desafío, no ha ralentizado significativamente el trabajo de las Cámaras, que han cumplido con sus agendas con respecto no solo a proyectos de ley previstos, sino que también han tenido que ser flexibles para aprobar medidas necesarias para atajar los problemas generados tanto por el Brexit como por la pandemia de Covid-19. De hecho, los diputados fueron incluso convocados dos veces durante el receso de Navidad, informa Ivannia Salazar.
Portugal renueva cada 15 días el estado de emergencia en vigor, por lo que la maquinaria parlamentaria no se detiene ni en medio del desolador panorama sanitario que dibujan los hospitales de Lisboa y Oporto, colapsados. Pero es que, además, la tramitación de otro tipo de leyes también continúa su curso. Así, por ejemplo, el pasado viernes 29 de enero se aprobó la ley de Eutanasia, no precisamente la más adecuada en el contexto de récord de muertes que padece el país vecino. Pero así fue, la polémica norma salió adelante y ahora solo el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, podría dilatar su aplicación si la enviase al Tribunal Constitucional y este decidiera en contra de la entrada en vigor, informa Francisco Chacón.