La Junta insta a Treviño a cumplir las restricciones tras «rebelarse»

▶ El Consistorio burgalés quiere seguir las medidas dictadas en el País Vasco y no las de Castilla y León

La polémica salpica de nuevo al Condado de Treviño. En esta ocasión porque el municipio burgalés, cuyos dirigentes desde hace años aspiran a anexionarse en Álava, ha decidido que no se regirá por las restricciones dictadas el pasado sábado por la Junta de Castilla y León para las 53 zonas con la incidencia de Covid más alta y entre las que se encuentra esta localidad que forma junto a la Puebla de Arganzón todo el enclave de Treviño. Busca hacerlo, sin embargo, por las medidas establecidas en el País Vasco. Ha sido el propio alcalde, Enrique Barbadillo (EAJ-PNV), el que comunicó la decisión ayer a través de un bando municipal que supone que en el territorio burgalés rechaza adelantar el cierre del comercio no esencial más allá de las 18.00 horas.

Ante esta «rebelión», ayer se pronunció el Gobierno castellano y leonés, quien remitió una carta al regidor para «instarle a cumplir la ley y adoptar las medidas excepcionalísimas» anunciadas por la Junta para combatir la elevada incidencia de coronavirus en el municipio. Le recuerda, además al Consistorio, que los ciudadanos de Castilla y León están sujetos a las medidas del ámbito de la Salud Pública que acuerde la Junta de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. «Por esta razón son plenamente aplicables en todo el territorio de Castilla y León, incluidos sus enclaves territoriales, todas las medidas sanitarias excepcionales acordadas por la Junta y las que sean susceptibles de aplicarse en el futuro», argumenta el Gobierno regional en la misiva.

Estado de alarma

Pero el Ayuntamiento, por su parte, se agarra a sus propios argumentos legales basados en la disposición segunda del Real Decreto de 3 de noviembre que prorroga el estado de alarma, sobre el tratamiento de enclaves. El texto contempla, según el Consistorio, que durante la vigencia de dicha norma aquellos municipios que constituyan enclaves recibirán el tratamiento de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que pertenezca a una comunidad autónoma distinta, informa Ep.

Así, el Condado de Treviño pretende regirse por las medidas restrictivas que se aplican en Álava y todo el País

Vasco, donde todos los municipios están cerrados perimetralmente, el toque de queda es a las 22.00 horas —el de Castilla y León es a las 20.00—, se limita a cuatro personas las reuniones, se cierra totalmente la hostelería y la apertura de todo el comercio permanece hasta las 21.00.

Mientras, la Junta rechaza de plano que el Ayuntamiento tenga «competencias para decidir o interpretar qué normativa autonómica o estatal se aplica en su territorio». Es más, advierte en su carta que esto puede provocar «confusión en los vecinos de la localidad y dar lugar a conductas ciudadanas que pueden ser objeto de sanción por la autoridad competente», con «la posible exigencia de la correspondiente responsabilidad política y patrimonial a la autoridad que haya publicado dicha información errónea».

Como muestra de que el Ejecutivo regional «vela por la salud de los treviñeses», anunció también que hoy recibirán la segunda dosis de la vacuna los usuarios de la residencia de la Sagrada Familia de Cucho y la realización en próximas fechas de un cribado masivo en la localidad.

No es la primera vez durante la pandemia que el Condado de Treviño plantea seguir las medidas adoptadas en la comunidad vasca. Ya en el mes de abril pidió seguir la misma desescalada que la provincia de Álava y no la que dictaminaba Castilla y León. Entonces, tanto el Consistorio como la Diputación foral alavesa argumentaron que sus habitantes «tradicionalmente hacen su actividad vital en y con los territorios alaveses próximos, y en particular en la ciudad de Vitoria».

Y finalmente se logró gracias a la aprobación de una enmienda del PNV a cambio del apoyo a la prórroga del estado de alarma solicitada en el Congreso por el Gobierno el pasado mes de mayo. No gustó nada esta decisión en la Junta, que mostró su rechazo y malestar afeando que se primasen los «criterios políticos sobre los sanitarios.

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