El Gobierno no enseña el «informe» de la Johns Hopkins porque «no está archivado»
▶ La Moncloa incumple otra resolución firme del Consejo de Transparencia El Consejo de Transparencia instó a Pedro Sánchez a «hacer constar» que el informe que citó no existe
Pedro Sánchez sigue resistiéndose a reconocer que usó datos ficticios atribuidos a la prestigiosa Universidad Johns Hopkins para sostener el 28 de abril de 2020, en pleno pico de la pandemia, que España estaba «en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales» de detección del Covid.
Casi nueve meses después de que ABC solicitara a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el informe fantasma de la prestigiosa universidad estadounidense o, en su defecto, los datos utilizados por el presidente en rueda de prensa para sostener tal afirmación, y con una resolución firme del Consejo de Transparencia ya vencida, La Moncloa acaba de pronunciarse. Por lo visto, Presidencia no puede mostrar el informe porque éste «no forma parte de ningún expediente administrativo de la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno».
Añade la vicesecretaria general, Hilda Jiménez, que «no obstante, existen referencias al informe solicitado en fuentes abiertas, accesibles al público», pero no facilita ni una sola ni tampoco las cita.
Este diario consultó con la Universidad Johns Hopkins, que desmintió la existencia de ese listado: «Quizás se expresó mal o atribuyó incorrectamente la información», dijeron fuentes oficiales sobre la afirmación del presidente del Gobierno, a quien incluso una periodista de la CNN le dio la misma información en una pregunta en directo. El centro de estudios ubicado en Maryland dijo a este diario por escrito que no existía ese estudio, puesto que únicamente contaban con una iniciativa puesta en marcha por la universidad para el seguimiento de test, pero solo referidos a datos de Estados Unidos, informa Manuel Trillo.
ABC cursó la petición a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en mayo del año pasado por el cauce de Transparencia, pero no hubo respuesta alguna (lo habitual). Tras reclamar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), este organismo estimó parcialmente la petición e instó a Pedro Sánchez a entregar «copia del informe de la Universidad Johns Hopkins» mencionado o «copia de los informes en que se basó el Presidente del Gobierno para realizar tales declaraciones en rueda de prensa». Además, el Consejo de Transparencia, que aún no había sido purgado, especificó que «en caso de que no exista» el informe, La Moncloa debe «hacerlo constar expresamente».
Vencida desde noviembre
Esta resolución fue notificada el pasado 5 de noviembre a la Presidencia del Gobierno, que tenía diez días hábiles para atenderla. Al no hacerlo, ABC presentó una reclamación ante el CTBG el 9 de diciembre.
Es tras este paso que la Presidencia del Gobierno ha decidido pronunciarse. Pese al dictamen del Consejo de Transparencia, una resolución fir
Respuesta de Presidencia del Gobierno a ABC
me, el Gobierno ha decidido no cumplirla, y así lo ha manifestado por escrito la Presidencia del Gobierno.
Tras comunicar que el informe «no forma parte de ningún expediente administrativo de la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno» (lógico, pues no existe), Hilda Jiménez pretende deslegitimar la petición que realizó ABC hace nueve meses y que
que se refiere al modo en que se procederá al debate y votación de un decreto-ley «tan pronto como hubiera sido objeto de publicación en el BOE». Sin embargo, el artículo 26 de la Ley del Gobierno establece que «se conservarán en el correspondiente expediente administrativo la memoria del análisis del impacto normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación así como todos los estudios y consultas emitidas». El PP entiende que ese expediente debe remitirse entero al Congreso y el Gobierno sostiene que no es necesario.
Fuentes populares explicaron ayer que Gamarra elevará un nuevo escrito a Batet para solicitar que esta cuestión se aborde en la próxima Mesa. fue resuelta por el Consejo de Transparencia hace tres, pese a que en su momento La Moncloa no presentó alegación alguna: «En la solicitud se realizan diversos juicios de valor sobre la información solicitada».
Añade Presidencia que «en ocasiones las expresiones utilizadas son de difícil comprensión, como “evidente posible inexistencia”» y, lo más sorprendente, termina rechazando la solicitud porque «estas apreciaciones no se corresponden con el concepto de información pública», pese a que el Consejo de Transparencia, garante del cumplimiento de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya avaló la petición informativa que La Moncloa trata de tumbar fuera de tiempo.
Asimismo, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que solicitarán la comparecencia de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega. Una petición que también registró ayer Vox.
Hasta el final
El portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja, Edmundo Bal, ya solicitó el lunes por escrito el informe relativo al real decreto ley sobre la gestión del reparto de los fondos europeos. Fuentes de Cs sostienen que debe hacerse público y que están dispuestas a llegar hasta el final si el Gobierno no lo facilita en el plazo previsto de treinta días. Si no, hablarán con el PP para incluso recurrir al Tribunal Constitucional.