Más de 188.500 personas percibieron 456,5 millones por los ERTE en 2020
▶ Las 2.578 inspecciones a los 41.459 expedientes presentados hacen aflorar 225 infracciones
El año del Covid-19, de la pandemia, de las restricciones, del confinamiento... y de los ERTE. Los expedientes de regulación temporal de empleo han marcado también el 2020, en el que la crisis sanitaria también ha contagiado a la economía y en el que esta figura ha impedido que las listas del paro hayan aumentado aún más. Sin trabajo, pero sin entrar en el desempleo, hasta 188.592 personas han estado en ERTE en Castilla y León en alguna ocasión desde que el pasado marzo se aprobó el primer estado de alarma y las posteriores medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, en las que se incluyen los expedientes de regulación de empleo.
Consigo llevan el pago de una prestación –el 70 por ciento de la base reguladora–, que supuso un desembolso de 465,6 millones de euros por parte de las arcas del Estado para los 41.459 ERTE aprobados. «Una cantidad muy significativa», a la que sumar la «exoneración» del pago de cuotas a la Seguridad Social que el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, cifró en 140 millones de euros. Unos importes que obligan, recalcó, a «velar por el rigor» en la presentación de los ERTE, labor de la que se encarga la Inspección de Trabajo. «Lógicamente, este ingente volumen tiene que tener un control», subrayó el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León, Javier Calderón. Una labor que se hace a posteriori y que llevó a detectar 225 infracciones en el cobro del total de 2.578 inspecciones realizadas, de modo que en el 8,72 por ciento se detectó algún incumplimiento, resaltó Calderón, lo que supone un «porcentaje mínimo». De todas las inspecciones, 1.808 fueron mediante visitas a las empresas y es ahí donde afloraron los fraudes, de los que el mayor volumen (63) se debió a que había personas trabajando al mismo tiempo que cobraban la prestación; otros 53 porque no habían informado al Servicio de Empleo (SEPE) de la desafectación del ERTE y 33 a que tenían trabajadores sin dar de alta a la vez que habían solicitado el expediente de regulación. Por provincias, donde más se detectaron fue en Burgos, 78; seguida por León, 57; Valladolid, con 31 y Segovia, 21. Pero hubo en todas: Soria, 12; Ávila, 11; Palencia, 7 y Salamanca y Zamora, 4 cada una.
El volumen económico de las infracciones superó los 829.000 euros, además de cerca de 43.300 de cuotas a la Seguridad Social que fueron ingresadas voluntariamente.
Si bien el volumen de infracciones no experimentó cambios a lo largo del tiempo, sí hay diferencias por meses a la hora de la tramitación. El principio de la pandemia y el primer estado de alarma llevaron consigo que abril y mayo sumen más de la mitad de lo cobrado en ERTE (unos 243 de los 456,5 millones) y que también ha variado el peso de los sectores que más tuvieron que recurrir a esta figura defendida como «escudo social» por Izquierdo. Si siempre el sector servicios, como el más afectado por las restricciones, ha acaparado el mayor porcentaje de expedientes y, por lo tanto, también de infracciones, de marzo a octubre acaparó el 65,3% de los expedientes regulatorios –el 28,2 fue de la industria– con las nuevas limitaciones de otoño, el 94,89% han sido de servicios con el resto muy lejos: 4,72% en industria, 0,27 en construcción y 0,12 en el agrario.