Castilla y León dará «batalla» contra la decisión «ideológica» de prohibir la caza del lobo
▶ Muestra su «rechazo absoluto» a lo que supone un «ataque a los intereses generales» de la Comunidad Nueva ley para una caza sostenible y «adaptada a la realidad social»
Un «ataque absoluto» a la ganadería y a los «intereses generales» de Castilla y León, así como de los otros tres territorios del noroeste español –Galicia, Asturias y Cantabria– en los que se asienta el 95 por ciento de la población de lobo ibérico (canis lupus) de la Península. Así censuró ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lo que tan sólo unas horas después se hizo realidad: la aprobación de incluir al cánido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial que, en la práctica y de recibir el respaldo del Ministerio, supondrá la prohibición de la caza del lobo, también al norte del río Duero, donde sí es considerada cinegética mediante un sistema de cupos y se gestiona «con sensatez» y de forma «ordenada».
Suárez-Quiñones ya avanzó que las cuatro comunidades volverán a hacer piña y darán una «importante batalla» ante una decisión que tachó de «ideológica» y que «no» está basada sobre razón alguna de conservación de la especie. «El lobo está absolutamente conservado» e «incluso» presenta una «expansión desordenada», llegando a territorios «donde nunca ha estado». «Por tanto, entendemos que los intereses generales tienen que estar por encima de los particulares e ideológicos de una determinada entidad ecologista», reclamó el consejero, quien instó a que «la sensatez y el interés general guíen las decisiones del Gobierno».
Y es que si bien la cuestionada y ajustada votación que ayer sacó adelante la propuesta no es decisiva ni vinculante, sí puede marcar el camino de lo que decida el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo representante fue quien precisamente elevó ayer el punto a la votación en comisión. Desde Castilla y León, junto con Galicia, Asturias y Cantabria, censuraron ayer el proceder, la falta de consenso «especialmente» con «aquellas comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de la especie», así como la carencia de documentos que «avalen» su postura «o contradiga» los informes técnicos remitidos por estas cuatro autonomías en las que viven el 95% de los lobos y el «profundo malestar» por la «falta de diálogo» con la ministra Teresa Ribera.
De hecho, en el comunicado conjunto reprochan que mientras los ganaderos y zonas rurales son los «principales afectados» en la gestión del lobo, «al parecer no gozan de la capacidad de influencia ante un Ministerio que dice afrontar el reto demográfico que sí parecen tener ciertos lobbys ecologistas y animalistas». Y recriminaron que «daña gravemente» los intereses de los ciudadanos de estos territorios «en unos momentos en los que lo que procede no es dañar a nuestro castigado medio rural, sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido».
«Ir más allá»
Además, Quiñones también alertó de la la prohibición «de facto» de cazar lobos también al norte del Duero que supone
Como una «apuesta decidida por la caza sostenible» que «garantice» la conservación de la biodiversidad de forma integrada con el desarrollo rural, así está concebida la nueva Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Un texto que busca ofrecer un marco regulatorio adaptado «a la realidad social, económica y ambiental» que «ha experimentado notables cambios en los últimos 25 años», pues sustituirá a la Ley de Caza de 1996 y su modificación exprés de 2019, según este paso es «ir más allá» de la Directiva Hábitat de la Unión Europea, que sí contempla como cinegética la especie en esta zona. «Estamos absoluta y radicalmente en contra», incidió.
Entre las voces que también se alzaron en contra, la de Ciudadanos, que denunció la «imposición del enfoque ideológico de falso ecologismo» sin «datos empíricos que avalen una decisión» marcada por «la concepción urbanita y desconectada de la realidad» que ha guiado al Gobierno. «Desde el Gobierno se equivocan cuando quieren proteger a los cánidos a costa de los ganaderos, la economía y la población rural», censuraron desde Cs. destacó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Y es que tras un cuarto de siglo la situación de las poblaciones cinegéticas «es muy diferente» y mientras de forma general las de caza mayor han experimentado un «notable incremento», las de menor asociadas a hábitat agrícolas han ido decreciendo. Además, busca tener en cuenta el «creciente interés» por la conservación de un sector de la población que reclama «mayores» garantías para que la naturaleza no se ponga en riesgo con la práctica cinegética.
La nueva ley también surge tras la «controversia judicial» en torno a esta materia sufrida en los últimos años, finalmente saldada con el respaldo del Supremo y el Constitucional a la Junta tras los reveses del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Así, el texto que deberá ser aprobado por las Cortes, busca «clarificar y dar al marco regulatorio un carácter completo, estable y moderno a la actividad cinegética». Teniendo también en cuenta que los cambios en las poblaciones de las especies están teniendo efectos «no deseables» como los daños en la agricultura por el incremento de poblaciones de jabalí o conejo o en la ganadería. Así, entre las novedades de un texto «muy garantista», defendió Quiñones, introduce la figura de la «emergencia cinegética» para actuar de forma urgente ante situaciones de «importantes» daños por una superpoblación intensa de determinadas especies.