La falta de prueba directa da alas a Cifuentes en el máster

▶ La Fiscalía cree que «no se manchó las manos» pero indujo la falsificación del acta

Todas las cartas están ya sobre la mesa en el juicio a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por el llamado caso Máster. Ayer, tras el visto para sentencia, la exdirigente popular salía de la sección 15 de la Audiencia Provincial madrileña con una petición de tres años y tres meses de prisión por inducir la falsificación del acta que debía acreditar ante la prensa en marzo de 2018 que ella hizo un trabajo de fin de máster, que sacó un notable y que de ahí, que obtuviera la titulación en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. «Debido a su cargo, no se manchó las manos», dijo la fiscal Pilar Santos en la sesión, para sostener que aún así, fue la presión que ejerció sobre su gabinete la que acabó activando la «maquinaria». A saber: la exasesora de la Consejería de Educación Maite Feito, en contacto directo con el director de aquel máster, el difunto catedrático Enrique Álvarez Conde, presionó, igual que él, a la profesora Cecilia Rosado para que fabricase el documento.

La cuestión es que no hay prueba directa de esa inducción al delito. Ni testigos, ni acusados, ni registros de llamadas. Nada implica directamente a Cifuentes en esa maniobra.

La fiscal sostiene que de otro modo «no se explica» la forma en que reaccionó la universidad, y recuerda que «la única, la primera y la última beneficiaria de ese acta era Cifuentes y su su carrera política». Suma un conjunto de indicios: que el TFM no ha aparecido, que tenía dos asignaturas sin calificar en las fechas en que se supone que ya lo había entregado, que dos años se modificaron por una funcionaria sin competencias y amiga de su hermana, y que hubo un impresión de matriculación en el trabajo y una tasa pagadas igualmente a posteriori. Añade que «nada de lo declarado» por Cifuentes «ha podido ser acreditado».

Pero el letrado de la defensa, José Antonio Choclán, insistió en esa ausencia de prueba directa y redujo el resto a un arbitrio, una conjetura. Para empezar, porque consta la falsificación de todo tipo de documentos en ese máster con otros alumnos, como se ha evidenciado en la Sala y en la instrucción. Entiende así que no cabe una inducción externa cuando se trataba de una práctica común en la titulación.

La sombra de Álvarez Conde

En este sentido, lo que sí parece haber quedado claro a todos en esa Sala es que Álvarez Conde era una especie de tirano que «hacía y deshacía a su antojo» en aquel maltrecho máster sin alumnos. Incluido regalar las titulaciones sin mérito académico y hasta el punto de falsificar no sólo las actas, sino también matriculaciones. Nadie ha dicho en el juicio una sola palabra en favor del difunto.

Para el abogado, con esta premisa es perfectamente «factible» que a Conde no le viniese la presión de Feito a partir de Cifuentes, sino de dentro de la propia universidad, cuando a la hora de la verdad, debía salir en rueda de prensa el rector a «salvar la cara». Sembró así Choclán una duda en el tribunal, introduciendo esta tesis alternativa que dice, encaja mejor, pues lo de falsificar no era nuevo en esa casa.

Por lo demás, insistió en que «no se ha probado» que el TFM no exista y el cambio de notas no es objeto de la causa. «Cifuentes no es garante de la legalidad de la actuación administrativa», sostuvo. La clave es si indujo la ilegalidad. Y eso es ahora lo que tiene que deliberar la Sala.