El sector del juego ve «humillante» que la Junta les obligue a tributar ante los cierres obligados
El sector del juego privado de Castilla y León criticó ayer que la Junta «no haya previsto» un modo para no tributar durante los períodos de cierre obligados a causa de la pandemia de coronavirus. La representante de la Federación de Asociaciones de Empresas Operadoras de Castilla y León y de la Asociación de Empresarios de Salas de Juego, Carmen Rodrigo, criticó además que sea «la única administración autonómica en España que no haya previsto ninguna fórmula para no tributar por los días en los que, por imposición, no hemos podido realizar nuestra actividad», insistió.
Carmen Rodrigo recalcó que «el resto de las administraciones autonómica» ha adoptado decisiones en ese sentido, «bien por vía tributaria o por normativa de juego» y apostilló: «La Junta se ha limitado a tramitar aplazamientos, medida que es insuficiente» por lo que, tras celebras reuniones infructuosas, concluyó que «se nos está abocando al cierre de muchos establecimientos, con la consiguiente pérdida de impuestos, trabajo y puestos de trabajo». Así, la representante de Faocale y Sajucal apuntó que «ya se están sufriendo» los efectos de las restricciones, con la baja de un millar de máquinas registrada en 2020. «Eso supone cinco millones de euros de pérdida para el Gobienro regional en concepto de tasa de juego, al no haber tomado ninguna medida al respecto», precisó
Rodrigo hizo estas declaraciones durante una comparecencia telemática para analizar la situación del sector y en la que también intervinieron el presidente de CEOE Castilla y León Santiago Aparicio, y el presidente de CEOE-Cepyme de Benavente (Zamora), José Manuel Ramos. «No pedimos condonaciones de impuestos sino, simplemente, no tributar por una actividad que no se ha llegado a realizar un total de 119 días en 2020, a lo que hay que sumar restricciones de foro y limitaciones de horario», anotó.
Bonificación del 50%
De esta forma, el sector propuso una bonificación del 50 por ciento de la tasa de 2021 para paliar en parte la situación y compensar los períodos de inactividad. «Esperamos que esta medida se tenga en cuenta en la Ley de Medidas Económicas y Presupuestarias que está ahora en tramitación», recalcó Rodrigo que dijo contar con el apoyo sindical para esta propuesta, informa Ical.
La Administración General del Estado ofrece ya en Castilla y León 93 servicios electrónicos, agrupados en una Carta de Servicios que presentó ayer el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, quien destacó que se trata de un paso adelante en el compromiso de modernizar y digitalizar la administración