Crimen prescrito Un guardia civil muerto en 2001 y tres asesinos libres
▶ El juez decide el archivo sin ni siquiera tomarles declaración
«Sonó el teléfono y era la Guardia Civil. Mi padre y yo nos íbamos a trabajar. Me miró y sin que yo dijera nada me puso la mano en el corazón. Mi madre despertó al bloque entero chillando y luego se quedó petrificada. Ya nunca más fuimos la familia que éramos». Óscar Sanz tenía 23 años el 3 de febrero de 2001, la mañana que le contaron que a su hermano lo habían matado en la calle, en Carabanchel (Madrid), muy cerca de su casa.
El guardia civil Juan Carlos Sanz
Cancelas, de 25 años, destinado en Inchaurrondo, murió acuchillado y recibió dos disparos en la cabeza, con su pistola reglamentaria, tras salir de un pub con otro compañero. A Juan Manuel, destinado en Éibar, lo apuñalaron dos veces. Alrededor de las cuatro de la mañana se encontraron con un Nissan Patrol verde. A bordo, cuatro delincuentes comunes se liaban un porro. Tuvieron un rifirrafe y de las palabras pasaron a las armas. Dos de los individuos se bajaron del coche con un cuchillo y una cadena.
Los agentes les dijeron que eran guardias civiles. Juan Carlos desenfundó su pistola reglamentaria. «A mí no me engañas, eso es de fogueo», le espetó uno de ellos. Se la arrebató y le disparó en la cabeza, mientras uno o varios apuñalaban a su amigo. El guardia murió en el acto, desarmado.
Este diario informó hace 20 años del asesinato de Juan Carlos Sanz y del apuñalamiento de su compañero, Juan Manuel
Al día siguiente apareció un vehículo idéntico quemado en Leganés, pero hasta mucho después no se supo que ese no era el coche en el que huyeron los asesinos. No era un atentado, sino un crimen. Uno de esos que se enquistan y va sepultando el olvido, acompañado de alguna inacción.
«Mis padres iban todos los días al cementerio andando, cuatro kilómetros, lloviera o hiciera 40 grados. Hasta que enfermó mi padre (estaba destinado en la Guardia Real) en 2013», relata Óscar, que era un binomio de su hermano. En 2015 el padre murió peleando por que se hiciera justicia a su hijo. Ahora la madre va sola, en taxi, a visitar la tumba de Juan Carlos.
La investigación se torció desde el principio. Ni Policía, que llevaba el caso, ni Guardia Civil lograron avanzar. Enfrente tenían al titular del Juzgado número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, conocido entre los agentes por negarles hasta el saludo, y que se jacta de desconfiar del «aparato policial». No autorizó registros ni escuchas y el 28 de mayo de 2009 archivó provisionalmente el caso.
Testigo protegido
Hasta diez años después, Juan Carlos Sanz era un archivo en un cajón. En febrero de 2019, los agentes de Homicidios de la Comisaría General de Policía Judicial recibieron una delación. Un individuo les detalló el crimen y quiénes lo habían cometido. Una secuencia que incluía el reloj Lotus que le robaron a Juan Carlos y no aparecía en ninguna diligencia. Se le dio la condición de testigo protegido. Marcó a cuatro individuos, autores de numerosos robos en esa época. Dos de ellos son hermanos; un tercero, toxicómano, murió en 2009, y el cuarto era otro amigo del grupo. Contó también dónde escondieron las dos pistolas que arrebataron a los agentes. Los investigadores pidieron la reapertura del caso con una batería de novedades y un nuevo informe. El sucesor de García de Dios al frente del juzgado, el magistrado Pedro Marchante, denegó la reapertura. Según él, existía una «enemistad manifiesta» del testigo hacia los señalados. «Había más pruebas, hasta una huella y el Nissan que por fin lo encontraron», cuenta Óscar desencantado. Marchante fue el instructor del «caso Jimmy», el seguidor del Depor al que ultras atléticos arrojaron al Manzanares. Archivó el homicidio sin citar a otro testigo protegido.
La Policía, con el reloj de la prescripción en su contra (los asesinatos lo hacen a los veinte años), localizó y habló con los tres sospechosos vivos. Se echaron la culpa unos a otros, pero uno de ellos dijo que contaría lo que pasó si el juez le tomaba declaración. Rehabilitado, con familia y trabajo, confesó a los agentes que estaba «muy arrepentido» . Los investigadores presentaron otro informe y volvieron a apelar al juez. La respuesta llegó el pasado 26 de enero: «Visto el nuevo informe no procede la apertura de diligencias». A la familia ni se le comunicó. El día 3 el agente Juan Carlos Sanz pasó a ser un caso prescrito. Su familia va a seguir peleando.