El Gobierno no renuncia a crear el delito de apología del franquismo
▶ Moncloa se anticipó a Podemos para que Campo y Marlaska piloten la reforma
res Reyes que protagonizaron dos condenados (Stern y Roura) a los que también amparó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2015 el Tribunal Constitucional se pronunció por primera vez sobre esta modalidad de ofensa a la Corona, y lo hizo aseverando que la quema de fotografías de los Monarcas no estaba amparada por la libertad de expresión.
Ofensas o ultrajes a España
Podemos señala que se están reprimiendo las críticas contra los símbolos del país, como son el Himno Nacional y la bandera. A su juicio, las pitadas en un estadio para silenciar el himno nacional no puede ser delito. Respalda también cubrir de pintura estatuas o símbolos que representen a España o incluso prenderles fuego como muestra de esa disconformidad. Dice que la derogación del artículo 543 del Código Penal está «plenamente justificada».
Injurias a jueces y Ejército
Aboga por su despenalización con el mismo razonamiento que utiliza con el Jefe del Estado: como autoridades que son, los miembros del Gobierno, jueces, Ejército y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están expuestos a la crítica legítima de los ciudadanos. Castigar los ataques a los jueces era objeto de un tratamiento específico en aras de preservar la independencia judicial y la separación de poderes.
Enaltecimiento a ETA
Unidas Podemos pone de manifiesto la «ambigüedad» de este tipo penal. Recuerda que nació en el año 2000 a raíz de la violencia de ETA, se endureció en 2005, y a raíz del cese de la actividad de la banda terrorista se está aplicando exponencialmente. Dice que en un contexto en el que ETA y los Grapo ya «no están activos» este delito «no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión». Considera que hay otros tipos penales (apología del terrorismo) en los que se «pueden encauzar los excepcionales casos que puedan ligarse a un terrorismo que sí está activo en Europa». El texto apunta además que se está viendo seriamente afectada la libertad artística porque las condenas dictadas «sin orden ni concierto» por parte de los tribunales están creando inseguridad jurídica de forma que ya no es posible saber lo que se puede decir o cantar para no incurrir en delito. «El enaltecimiento del terrorismo tiene difícil encaje en un sistema democrático y debe ser derogado de forma urgente», concluye.
Humillación a las víctimas
No creen los socios de Sánchez que deban gozar de especial protección. Si sienten menoscabada o vejada su dignidad, pueden denunciar por injurias, dicen. Proponen así que este colectivo pase a formar parte de la agravante de la responsabilidad penal que recoge el artículo 22 del Código Penal junto con la ideología, religión o creencias.
PSOE y Unidas Podemos mantienen su pulso para capitalizar las reformas en el seno del Gobierno. Sin disimular ya su competición. Los partidos cogobernantes improvisaron una carrera para anunciar sus propuestas para la modificación de los delitos del Código Penal relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Una propuesta que, como mínimo, eliminará las penas de cárcel asociadas a estos delitos. Podemos quiere ir más allá y derogar delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos y de enaltecimiento del terrorismo.
Eso sí, preguntada ayer específicamente la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, por si este planteamiento doctrinal serviría para enterrar la propuesta de establecer un delito de apología del franquismo, la portavoz del Gobierno contestó expresamente que no hay vinculación y que se seguirá adelante con ese supuesto: «En ningún caso este adelanto supone renuncia a otras cuestiones», dijo. El Gobierno quiere que estas reformas se acometan en una reforma global del Código Penal: «Hoy por hoy no hay elemento de urgencia para hacerlo fuera de la reforma global del Código Penal». Se incluirían también las reformas referidas al «consentimiento de la mujer y algunas materias relacionadas con el medio
Juan Carlos Campo (Justicia) ambiente», explicó la portavoz. La propuesta se produce en el contexto de un debate público sobre las condenas a los delitos opinión y un manifiesto firmado por decenas de artistas después de que la Audiencia Nacional comunicara al rapero Pablo Hasél que tendrá que entrar en prisión al ser condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y tener ya antecedentes.
Ayer, durante la rueda de prensa en el Congreso para presentar su propuesta, Jaume Asens y Enrique Santiago explicaron que antes de registrar su proposición de ley habían avisado a la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que depende de Carmen Calvo, y que recibieron el «visto bueno». Es el proceso acordado por los grupos parlamentarios del PSOE y UP.
Esa advertencia en la tarde del lunes otorgó margen a los socialistas para maniobrar. La Moncloa informó a las 20.56 horas del lunes de que el Ministerio de Justicia prevé reformar el documento para eliminar las condenas de prisión en este tipo de delitos para que se castiguen «con penas disuasorias, pero no privativas de libertad». Aunque los socialistas aún no han compartido ningún texto legislativo, el movimiento representa un volantazo improvisado del PSOE para adelantarse a su socio de Gobierno. Aunque ambas formaciones han evitado hablar de conflicto, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dejó claro el malestar del ala socialista: «Algunas formaciones quieren apadrinar ciertas iniciativas y colocarse en situación de ventaja» en el contexto de la campaña electoral catalana.
Pero el conflicto está servido porque hay diferencias en el fondo y en la forma. Ayer Podemos dijo que su propuesta va «más lejos» que la de los socialistas, denunciando que el planteamiento de los socialistas es «una declaración política y rápida», pero sin concretar. Pero además existe una disputa sobre el control de la iniciativa. La portavoz del Gobierno defendió que el proceso para encajar esta reforma debe emanar del Consejo de Ministros, por considerarse un procedimiento más garantista, y no a través de los grupos parlamentarios. Defendiendo el liderazgo en esta iniciativa del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, lo que en la práctica significa que sea el PSOE quien pilote esta reforma.