Las entidades probilingüismo exigen cumplir la ley tras el 14-F
▶ Piden al nuevo Govern que acabe con el adoctrinamiento en las aulas catalanas Disfunciones que lastran la calidad de la enseñanza
Temen que las elecciones del próximo domingo no cambien nada y que Cataluña «siga instalada en la deslealtad constitucional» en la que lleva años inmersa. Aún así, las asociaciones que desde hace décadas sacan los colores al Govern evidenciando públicamente su incumplimiento reiterado del marco legislativo y constitucional en la educación están dispuestas a mantener el pulso a la Generalitat.
En un encuentro organizado por ABC, los presidentes de Impulso Ciudadano (IC), José Domingo; la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada; y el sindicato de profesores Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES), Antonio Jimeno, señalan los problemas más graves de los que adolece el sistema educativo en Cataluña e instan al próximo gobierno autonómico a que los «asuma como prioridades».
El eje central de su particular carta a los Reyes es la lengua. Las tres entidades llevan años pleiteando con la Generalitat en los tribunales para que se cumplan las sentencias lingüísticas y, pese a ello, no lo han conseguido. Por eso, son conscientes de que sus reivindicaciones en materia lingüística
Lengua: exigirán al nuevo Gobierno catalán que cumpla las sentencias lingüísticas, empezando por el último fallo del alto tribunal catalán (TSJC), que obliga a impartir en castellano al menos un 25 por ciento de las materias.
Cuerpo de inspectores: denuncian la inacción de la Alta Inspección educativa en Cataluña durante años y piden «un cuerpo de inspectores profesionalizado que no esté sometido a la Generalitat». Eso pasa, según apuntan, «por reducir la tasa de interinidad en este cuerpo. serán difíciles de acometer, incluso si vencen las fuerzas constitucionalistas debido a «la fuerte presión social de los nacionalistas».
«Punto de partida»
No obstante, consideran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 16 de diciembre de 2020, que obliga a que en todas las aulas de Cataluña se imparta al menos el 25% de las materias en castellano, el «punto de partida» para dar un giro definitivo a la actual política lingüística
Adoctrinamiento: reivindican una educación sin adoctrinamiento ideológico. Para lograrlo, exigen un mayor control por parte del ministerio del contenido de los manuales que utilizan los alumnos catalanes, «distinto» al de los alumnos de otras comunidades y en algunos casos «manipulado para que cuadre con las tesis nacionalistas».
Prueba única de Selectividad: proponen una sola prueba en España para que «los alumnos catalanes puedan competir en igualdad de condiciones que el resto de alumnos en el acceso a la universidad». de la Generalitat. «El 25 por ciento no es nuestro objetivo pero abre un mundo de posibilidades. Cuando todos los centros lo cumplan se asumirá cierta normalidad y las familias se decidirán a pedir más castellano.
Será el fin de la inmersión», mantiene Losada. A Antonio Jimeno la sentencia se le queda corta. «Lo óptimo sería la libre elección de lengua. Que los padres pudieran decidir si escolarizan a sus hijos en catalán, en castellano o en un modelo mixto con la presencia de las dos lenguas», dice. Tanto él como sus compañeros de debate consideran que esa opción es «incluso difícil de conseguir si pierden los nacionalistas». «La presión social del nacionalismo es tan alta que incluso así sería complicado», advierte Losada. Ella se reconoce más partidaria de la fiscalización, de «comprobar, con la sentencia en la mano, si los directores de los colegios cumplen con el 25%, y si no lo hacen denunciarlos».
Dejación de funciones
Las asociaciones llevan años reclamando al Gobierno que actúe contra el desacato de la administración autonómica. Tienen claro que el castellano se ha convertido en «una lengua residual» en Cataluña por la «dejación de funciones de los diferentes gobiernos de España», algo que ven «difícil de cambiar». «El Gobierno es timorato. No se atreve a obligar a Cataluña a que respete la ley», denuncia José Domingo. Independientemente de quien gane en los comicios, las asociaciones seguirán reclamando que se respete en Cataluña el marco legislativo y constitucional. La «inacción de la Alta Inspección Educativa» es, a juicio de los tres líderes de las entidades, «otro de los males endémicos» de la educación catalana. «Son un bluf. Gente de partido que antepone el criterio político al pedagógico», coinciden. A la inacción del cuerpo estatal se añade, según advierten, «el control que ejerce la Generalitat sobre el cuerpo autonómico, en su mayoría interinos renovados a dedo por la consejería».
Lengua al margen, otro «asunto capital a resolver» por parte del nuevo Ejecutivo catalán es el del adoctrinamiento. «No puede ser que los alumnos catalanes estudien contenidos diferentes a los de los alumnos del resto de comunidades o que asociaciones de marcado perfil independentista como Plataforma por la Lengua tengan vía libre para entrar en las escuelas», señala la presidenta de la AEB. Para resolver esta situación, las entidades plantean un mayor control de los contenidos curriculares por parte del ministerio y una prueba de Selectividad única para «homogeneizar criterios». Eso sería, a su entender, «una forma de evidenciar las deficiencias en conocimientos que tienen los alumnos catalanes y corregir ese sesgo que les perjudica», subraya Jimeno.
Las tres asociaciones tienen claras las acciones prioritarias que deben emprenderse para liberar a la enseñanza catalana de sus males endémicos: «Cumplir las sentencias lingüísticas, preservar la escuela del adoctrinamiento ideológico, y controlar el currículo». Sin embargo, las esperanzas de que eso acabe materializándose son, según admiten, «más bien pocas, gane quien gane».