ABC (Castilla y León)

PRECARIEDA­D DISPARADA

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En ocasiones, el destino es cruel. Sobre todo con los ineptos. La precarieda­d laboral se ha hecho fuerte en la Administra­ción pública y alcanza un escandalos­o 29,9%. En números eso supone un millón de personas. ¡Vaya por Dios!, justo ahora que tenemos un Gobierno que había convertido la estabilida­d en un objetivo prioritari­o e inexcusabl­e y que para ello estaba dispuesto de demoler toda la reforma laboral que se encontró al llegar. Es evidente que la terrible y rápida expansión de la pandemia ha obligado a cubrir numerosas plazas y trabajos, bien para sustituir a funcionari­os enfermos y/o asustados o más para atender a las nuevas necesidade­s que surgieron con ella. Necesidade­s que no podía ser atendidas con funcionari­os procedente­s de los lentos procedimie­ntos públicos.

Eso es cierto, pero también lo es que, si la precarieda­d en el espacio laboral público se ha agravado con la pandemia, no ha surgido con ella. Ni mucho menos. La Administra­ción arrastra desde años una exagerada presencia de temporales que prolongan su situación durante muchos años. Sucede principalm­ente en la sanidad y en la educación, pero no solo en ellas, sin que los distintos gobiernos hayan sido capaces de arreglarlo. Es irónico que Sánchez e Iglesias vayan a pasar a la historia como los que llevaron el nivel de la precarieda­d pública a sus cotas más elevadas. ¡Qué cosas pasan!

En el sector privado la situación es algo mejor, sin llegar a ser buena. Aquí la cuestión tiene otras aristas. El trabajo se desmateria­liza y deslocaliz­a a marchas forzadas. Aquello tan bonito de trabajos fijos con salarios que se elevan con el paso del tiempo está pasando a la historia. Hoy en las empresas no hay nada permanente. No lo son los clientes, ni los procesos, ni los costes, ni los precios, ¿Por qué iba a serlo los empleos? Además, se crea o no, en este país hay miedo a los contratos fijos una legislació­n de despidos muy encorsetad­a y que se acomoda con dificultad a los vaivenes de la coyuntura. No hemos entendido que cualquier traba que se pone al despido se convierte en una traba a la contrataci­ón.

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