«La Inspección garantiza el adoctrinamiento en las aulas»
Julián Ruiz Bravo Profesor, miembro del PLIS ▶ El profesor que ha puesto en jaque al Gobierno balear y batalla contra la inmersión lamenta que el Ministerio se haya convertido en un aliado
Planificación y Centros de la conselleria balear de Educación, respondió el 16 de diciembre a PLIS afirmando que se negaba a distribuir el requerimiento de la asociación dirigido a los directores. Morante explica que, según la inspección educativa de Baleares, los proyectos lingüísticos se ajustan a la normativa vigente, adjuntando para ello un informe de inspección educativa.
La sorpresa viene cuando la asociación comprueba que el informe de inspección al que se refiere Morante nada tiene que ver con los requerimientos a los directores, ya que es del 9 de octubre mientras que la queja de PLIS fue el 23 de octubre. Además, el informe de inspección se dirige a la Secretaría General de la Conselleria y no a PLIS, «que debería ser el primer interesado».
Ante los tribunales
«La segunda mentira de Morante», dice PLIS, es lo que dice el informe de inspección, ya que afirma que no existen normas que fijen el mínimo del 25% de horas lectivas para la enseñanza en castellano. «Esto es muy grave, ya que la inspección no puede desconocer o simular no conocer las sentencias del Tribunal Supremo (2548/2014, y 2549/2014), que al sentar jurisprudencia tienen fuerza de ley y se introducen en el ordenamiento jurídico», responde.
La asociación de docentes y Sociedad Civil Balear avanzan que llevarán este asunto ante los tribunales.
Cuando en 2014 Baleares estaba inmersa en una homogénea marea verde al grito de una escuela pública y en catalán, Julián Ruiz-Bravo (Burgos, 1956) tiñó el movimiento con un color discordante a favor del trilingüismo y de la enseñanza también en castellano. Montó una asociación de profesores para destapar las vergüenzas de la educación pública del archipiélago. Licenciado en Filología Hispánica y profesor de secundaria del instituto Ramon Llull de Palma, el secretario de PLIS hace un repaso de la situación educativa de las islas y apunta a los políticos como responsables de la deriva catalanista en la escuela.
—PLIS y sus fundadores fueron los primeros profesores que plantaron cara al adoctrinamiento en las escuelas. ¿Qué le llevó a ponerse en primera línea?
—Nos dimos cuenta de que en Baleares sólo se oía a los profesores que querían una escuela ideologizada en los valores del nacionalismo y del dogmatismo, porque eso fue aquella marea verde. Por eso dimos un paso adelante para hacer comprender a la opinión pública que la escuela no debe ser un campo de batalla ideológico sino un templo del saber. —¿Cómo sobrevive el docente no nacionalista en los colegios de Baleares?
—El profesor no nacionalista vive como oveja detrás de la mata. Los profesores somos, en general, muy ovejunos: o vamos en rebaño detrás de un pastor, que suele ser lobo disfrazado y que corea unas cuantas consignas, como fue el caso de la marea verde, o somos ovejas atemorizadas escondidas detrás de una mata por si viene el lobo. En los dos casos, el profesor no se caracteriza por su independencia intelectual ni por su valentía. Los profesores que fundamos PLIS quisimos dejar de ser ovejas de detrás de la mata, y salimos al campo a enfrentarnos al lobo. —PLIS ha analizado los proyectos lingüísticos de 291 colegios y ha probado que hay inmersión lingüística en el 90% de ellos, ¿qué opina cuando escucha a Celaá decir que en Baleares se puede estudiar en español?
—Casi ningún centro escolar de Baleares cumple con el ordenamiento jurídico, que obliga a que al menos el 25% de las horas lectivas, y con al menos una materia troncal, se imparta en castellano. Por eso, cuando oímos a la ministra Celaá decir que en Baleares se puede estudiar en español, pensamos qué mentirosa es esta señora y qué cerca está, si no lo está, de la prevaricación.
—Ahora PLIS y Sociedad Civil Balear han puesto en jaque al Govern enviando 291 requerimientos a los centros educativos para que incluyan el 25% de castellano en sus proyectos lingüísticos. ¿Han obtenido respuesta?
—Parece ser que aún la consejería, ¡oh, sorpresa!, qué diligencia, no ha distribuido estos requerimientos a los directores, lo que les puede causar a éstos un serio perjuicio. — Usted asegura que hay adoctrinamiento en las aulas de Baleares, ¿cuáles son sus pruebas?
—La primera prueba son los libros de texto de Bachillerato de la asignatura de Lengua Catalana y Literatura: son ideología nacionalista pura. Dicen que el castellano es idioma opresor, que no hay bilingüismo, que cuando hay dos lenguas una es agresora y otra la agredida... un disparate detrás de otro. Además, hay decenas de pruebas de actos reivindicativos políticos en centros escolares de Baleares. —¿La inspección educativa está haciendo su trabajo o desoye a propósito las denuncias de adoctrinamiento o por el castellano?
—La inspección ayuda y garantiza el adoctrinamiento en los colegios, no dando curso a las denuncias, no investigando, desanimando de palabra, nunca por escrito, a los padres que reclaman clases en castellano, desinformándoles diciendo que la inmersión obligatoria total es legal, no investigando las denuncias de manipulación de los libros de texto, realizando informes ad hoc para exculpar a directores o profesores que adoctrinan. La situación empeorará con la ley Celaá, ya que en la fase de oposición a plazas de inspectores se elimina la prueba de oposición. Amigos correligionarios, haced cola, os espera una plaza de inspector, dinero bueno. —¿Cuál es la solución?
—Acabar con la inmersión obligatoria. Esa ecuación de que sólo con inmersión obligatoria se protege al catalán es falsa. Lo único que puede provocar es disgusto y rechazo. Con un sistema bilingüe, debería solucionarse de forma equilibrada y flexible. En zonas catalonohablantes, con más presencia porcentual del castellano; en zonas castellanohablantes, con más presencia porcentual del catalán. Eso sí, sin convertir a ninguna de las dos lenguas en residual. Con libertad de elección, a la elección de los padres.
—¿Por qué no está de acuerdo con la Ley Celaá?
—En el caso de la lengua, porque busca una salida judicial. Todos los juicios que reclaman el 25% en castellano se han ganado y han optado por imitar el caso de la sentencia por sedición; si se comete un delito, hay que cambiar la ley. Aparte de la cuestión lingüística, lo más grave de la ley Celaá es abandonar la búsqueda de la excelencia, así como la falta de cultura de evaluación. Además, asistimos al fin anunciado de los centros de educación especial. —¿Cree que la nueva ley cambiará la discriminación del español en las aulas?
— Seguirá siendo la misma, aunque ahora con pretensiones legales. Pero no será posible legalizar la inmersión. Es doctrina constitucional consolidada, mucho antes de la ley Wert, que el castellano y la lengua cooficial son vehiculares y deben estar presentes sin discriminación ni desequilibrio.
«Cuando Celaá dice que se estudia en castellano pienso qué cerca está esta señora de prevaricar»