Las comunidades exigen a la ministra Ribera parar la prohibición de cazar lobos
▶ Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias ven «precipitada» la nueva catalogación ▶ El Gobierno pide a las autonomías que «identifiquen» los problemas del cambio El PSCL apoya la caza del cánido y critica que no se cumplan los cupos
Firmes en sus posiciones, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia alzaron ayer de nuevo la voz de forma unánime para decir a la cara –vía pantalla en reunión telemática– a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que no están para nada de acuerdo con sus pretensiones de incluir al lobo en el listado de especies protegidas e impedir así su caza también al norte del Duero. La reclamación «unánime» por parte de los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades que albergan el 95% de los ejemplares de canis lupus de España es que «se suspenda» esa «precipitada» catalogación, aprobada en una polémica reunión y con el rechazo de los territorios directamente afectados.
Más de dos horas de un encuentro que llegó ayer tras cuatro meses de peticiones para verse reclamadas sin éxito desde las cuatro autonomías y en el que expusieron el «gravísimo error» de la postura del departamento de Ribera, basada «en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona». Aseguraron no entender que se quiera «echar por tierra» el trabajo realizado por las comunidades loberas durante estos años. Pero, a tenor de la nota enviada por el Ministerio, no parece que vaya a dar su brazo a torcer. Entiende «que la homogeneización del estatus legal del lobo en toda España puede contribuir a superar muchos de los problemas que actualmente aquejan a la conservación y gestión de la especie». Desde las autonomías directamente afectadas, de distintos signos políticos, expusieron las «razones políticas, técnicas y jurídicas» por las que «no puede ser» que se pretenda prohibir ya la caza del lobo.
La orden ministerial que lo hará efectivo está redactada y en consulta pública hasta el 26 de febrero. Pero desde las comunidades quieren poner freno.
Reclaman «que nos sentemos como deberíamos haber hecho desde un principio en una misma mesa a trabajar sobre lo que hay que trabajar». «Las casas hay que hacerlas desde los cimientos», subrayó el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Juna de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien incidió en que se debe actuar entre Ministerio y autonomías como se hizo en 2005 para llegar a un acuerdo sobre la estrategia nacional de gestión y protección del lobo. Ofrecen «colaboración leal» para la «actualización
Los socialistas de Castilla y León están a favor de que se mantengan los cupos de caza el lobo y de que exista «equilibrio» entre la ganadería extensiva y el control de la especie. Así lo expresó ayer la vicesecretaria del PSCL, Virginia Barcones, quien mostró la postura de su formación en la polémica sobre si el cánido debe declararse especie protegida o no en todo el territorio nacional.
«Defendemos que haya cupos, un de esa estrategia nacional» que consideran imprescindible antes de dar más pasos que determinen «las medidas» a adoptar, «sea catalogación, no catalogación o cualquier otra». «Pero, desde luego, el consenso vendrá por la vía de suspender el procedimiento de catalogación que entendemos precipitado y que no es correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico», recalcó el consejero de Castilla y León.
De no atenderse sus pretensiones, en las que cuentan con el apoyo de otras comunidades como País Vasco, Aragón equilibrio y un necesario consenso entre el Ministerio, las autonomías y las organizaciones agrarias en este asunto», indicó sobre el tira y afloja entre el Gobierno y las comunidades afectadas por la futura normativa.
Y ésa es la «postura inamovible» del PSOE de Castilla y León, la que ha defendido «siempre» y la dirección en la que va a trabajar, detalló Barcones. Es más, indicó que se trata de una posición que se conoce tanto a nivel externo como «interno»
V. BARCONES
o Madrid, «ejercitaremos todas aquellas acciones» que consideren necesarias «en protección de Castilla y León, de los intereses de nuestros ganaderos y de la población de nuestros pueblos». Y, añadió Suárez Quiñones, están dispuestos a «llegar si es preciso a los tribunales a efectos de salvaguardar algo tan importante para Castilla y León como la ganadería extensiva y población en el territorio rural».
Desde las organizaciones agrarias también han alzado la voz desde el principio en contra de la prohibición de la en las filas socialistas, después de la brecha abierta entre dos ministros de la formación —Teresa Ribera, de Transición Ecológica, y Luis Planas, de Agricultura— por la prohibición de cazar al lobo en todo el país, que rechazan también los ganaderos.
Indemnizaciones
Barcones aprovechó además para criticar a la Junta y su trabajo sobre el lobo. «El PP no es ejemplo de gestión», sentenció. En ese sentido, citó que el presupuesto para las indemnizaciones destinadas a los ganaderos por los daños producidos por el canis lupus ha bajado de 60.000 a 40.000 euros, que no se había pagado ni una sola de estas ayudas a 31 de octubre del pasado año y que de los 113 cupos de caza autorizados al norte del Duero solo se han ejecutado 60.
Pide «consenso» entre el Ministerio y las regiones