Los gastos de Meirás: del IBI a los sueldos de los guardeses

▶ La reclamación de los Franco al Estado podría alcanzar dos millones de euros

Lo que empezó siendo una propiedad adquirida de manera gratuita, en la que se quedó desde las llaves de la finca a todo su contenido (este de manera provisional), se va a acabar convirtiendo para el Estado en una carga onerosa. La sentencia del pasado viernes de la Audiencia Provincial de La Coruña declaró a los Franco poseedores de buena fe del Pazo de Meirás desde 1975, un reconocimiento legal que les abre la puerta a ser resarcidos por los gastos efectuados en el inmueble desde esa fecha. La cifra exacta de la factura no está siquiera calculada, pero la estimación de la familia se aproximaría a los dos millones de euros.

¿Qué gastos podrían reclamar los Franco?

En todo caso, los considerados gastos necesarios para el mantenimiento de Meirás los últimos 45 años, que son reconocidos por el Código Civil a todo poseedor. En este capítulo entrarían, por ejemplo, las obras de restauración del pazo después del incendio que lo arrasó en 1978, y que sufragó Carmen Franco. En el procedimiento judicial, la familia presentó facturas de estos trabajos por valor de 800.000 euros, «pero sin carácter exhaustivo», apunta el abogado Luis Felipe Utrera-Molina, «no eran todos los gastos». Del mismo modo, la estructura de Meirás sufre de humedades, lo que ha obligado a obras de mantenimiento en los últimos años en las cubiertas de la nave principal y la Torre de la Quimera.

Se entiende que encaja en este epígrafe el salario de los guardeses de la finca desde 1990 (fecha en que se jubiló el último guardia hortelano, cuyo salario costeaba el Ministerio del Interior). La última familia que se encargó de esta tarea, la compuesta por Carlos Villca y su mujer, no solo realizaban tareas de cuidado de los jardines, sino que se encargaban de reparaciones, pintura y pequeñas obras en la finca.

Dado que el fallo de la Audiencia ratifica que el propietario del pazo siempre fue el Estado, todos los impuestos derivados de la propiedad deberían ser reembolsados, entre ellos la contribución urbana sufragada por los Franco desde 1975. Solo la finca principal que compone la parcela del Pazo tributa al año 3.000 euros, después de la revisión catastral de 1978. Además, tendrán la vía abierta para reclamar a Hacienda la restitución de las cantidades liquidadas en el impuesto de sucesiones y donaciones.

Dada su nueva condición de poseedores de buena fe acreditada por la Audiencia de La Coruña, los Franco pueden reclamar también los gastos útiles, estos son, aquellos que sin ser necesarios para la estricta conservación revierten en una revalorización del bien. La familia entiende que en este apartado se podrán incorporar los gastos asumidos en seguridad desde que se obligó a abrir el pazo a visitas guiadas por su condición de Bien de Interés Cultural. Elementos como ventanas, puertas o suelos que se hubieran mejorado en Meirás durante estas cuatro últimas décadas podrían incorporarse a este punto. Incluso los consumos de electricidad y agua, este último principalmente para garantizar la conservación de los amplios jardines de la finca.

No obstante, el reconocimiento del gasto no es automático. Deberá realizarse, de manera acreditada, a través de un procedimiento judicial en el trámite de ejecución de la sentencia de apelación, que regresará en principio al Juzgado de Instrucción nº1 de La Coruña. El temor de los Franco es que la juez Marta Canales –que en su fallo de diciembre de 2020 consideró que a los herederos no se les debía de indemnizar en modo alguno– sea la que ahora deba determinar y validar por qué cantidades deben ser resarcidos. En todo caso, las decisiones que adopte la juez Canales en la ejecución podrán recurrirse ante la Audiencia, que ha demostrado un criterio bien distinto al de la magistrada de instancia.

Por el momento, la familia Franco no ejercitará su derecho a solicitar la restitución de los gastos porque su prioridad está en un más que probable recurso de casación ante el Tribunal Supremo, su última oportunidad para recuperar la propiedad del pazo, que tras el fallo de la Audiencia sigue en manos del Estado. La decisión se tomará esta semana.

IBI Desde la revisión catastral de 1978, la finca principal de Meirás tributa 3.000 euros al año por este concepto

Incendio Sin ser un listado «exhaustivo», se han presentado facturas por la rehabilitación de 800.000 euros