Una finca rústica que sirve para dar empleo a personas en exclusión
▶ Una parroquia rural de La Coruña cede sus terrenos a un proyecto de Cáritas
critos que nada tienen que ver con eso», aseveró Calvo, sin hacer referencia a ningún ejemplo concreto.
Tras conocer la noticia, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, agradeció «el reconocimiento de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador». A renglón seguido el prelado recordó que si bien la ley fijaba dos años de plazo para que «aquellas personas con mejor derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad de esos bienes una vez inscritos», la Iglesia «no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo». «Por eso si alguien viniese con mejor derecho y pudiera revisar la inmatriculación realizada, la Iglesia está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide».
Pese a que los templos han estado en manos de la Iglesia desde tiempos inmemoriales, ninguno de ellos fueron inscritos en el Registro de la Propiedad hasta después de 1998 porque –al igual que los bienes de dominio público– estaban exceptuados de la posibilidad de inscripción. La reforma de la Ley Hipotecaria impulsada por Aznar suprimió en 1998 esa disposición, por considerarla inconstitucional, y además permitió a la Iglesia inmatricular sus bienes a través del procedimiento de la certificación eclesiástica y no con un título de propiedad formal.
Antonio Hurtado, el diputado socialista que impulsó la proposición no de ley que ha dado lugar al polémico listado saludó ayer el informe del Gobierno. «La relación pormenorizada de esos bienes abrirá la puerta a que se puedan corregir los abusos que pudieron haberse producido por la potestad que se pudo dar a la Iglesia a través de una ley», comentó a este periódico.
Revisión «La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo», afirmó el portavoz de los obispos
La finca rústica de la parroquia San Julián de Paulos en la diócesis de Santiago de Compostela figura como uno de los 30.335 bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 por certificación eclesiástica. Es decir, que pudo inscribirse el bien mediante certificación del obispo al tenerlo incluido en el inventario del patrimonio de la diócesis y acompañado de un certificado catastral que dice quién es el titular catastral del bien.
Como muchos de los bienes que figuran en el listado que el Gobierno pasó ayer al Congreso de los Diputados, la Iglesia los dedica a fines sociales, caritativos, o educativos. Es el caso de la finca de esta iglesia ubicada a 25 km de Santiago en el Ayuntamiento rural de Ordes. Su párroco Domingo Portella decidió cederla sin recibir ningún beneficio económico a una empresa de inserción sociolaboral de Cáritas. Se trata de un programa hortofrutícola en el que aprenden a trabajar la tierra exdrogadictos o personas en riesgo de exclusión social.
«La finalidad principal es que las personas en riesgo de exclusión social alcancen la experiencia laboral y técnica en la gestión integral de una finca agrícola profesional», explica a este periódico su responsable, Marcos Besada Álvarez. Este ingeniero agrónomo añade que estos itinerarios de inserción tienen por objetivo que estas personas logren «el acceso al mercado ordinario, o la puesta en marcha de proyectos en régimen de autónomo».
«Aprenden a cultivar la tierra. Tienen un sistema de regadío y varios invernaderos. El objetivo es que además de aprender el oficio puedan vender todo lo que cultivan a pequeñas tiendas, especializadas en productos ecológicos, de barrio y grupos de consumo de la ciudad de La Coruña», explica el párroco. «Es un proyecto en pañales que progresa adecuadamente y ayuda a muchas personas que lo necesitan», añade.
Según explica, Cáritas decidió poner en marcha esta iniciativa después de la buena acogida de su programa de reciclaje de ropa. «Tuvieron un éxito tremendo y han querido hacer lo mismo con el cultivo de la tierra», comenta el padre Portella.
Legados y herencias
En el listado que el Gobierno presentó ayer al Consejo de Ministros, las diócesis del norte de España destacan «por motivos históricos por un número relevante de fincas rústicas, normalmente de reducido tamaño y escaso valor económico, donadas por el pueblo y, cuyo destino está unido a la voluntad del testador», explicaron ayer fuentes eclesiásticas. Es el caso concreto de la diócesis de Burgos o las diócesis gallegas.
En Burgos, por ejemplo, el 70 por ciento de los bienes inscritos son lugares de culto, mientras que el 30 por ciento son fincas rústicas producto de cientos de años de legados y herencias.