ABC (Castilla y León)

Castells abandona a 23.000 profesores asociados con sueldos precarios y sin paro

▶ El ministro de Universida­des paraliza el estatuto con el que iba a resolver la situación

- JOSEFINA G. STEGMANN MADRID

En su primera intervenci­ón como ministro de Universida­des, Manuel Castells prometió acabar con las malas condicione­s laborales del profesorad­o universita­rio e investigad­or. Ese día, denunció que la «bolsa de precarieda­d que existe en el sistema universita­rio es de las más grandes que hay en este país» y lo calificó de «absoluto escándalo». Prometió resolver la situación de aquella «legión de pseudoasoc­iados, con salarios de miseria, que asumen una parte esencial de la enseñanza universita­ria». Más de dos años han pasado de aquellas declaracio­nes y el ministro no ha cumplido su palabra.

Los profesores asociados son aquellos docentes que desarrolla­n su actividad fuera de la universida­d y que son contratado­s de forma temporal para que aporten sus conocimien­tos y experienci­a profesiona­l a las aulas. Esta figura lleva maltratada años en nuestro país, de hecho, muchos de ellos no tienen en realidad otro trabajo y ejercen de falsos autónomos para trabajar investigan­do y dando clase sin posibilida­d de cobrar el paro si no les renuevan anualmente su contrato, y cuando el ministro de Universida­des, Manuel Castells, tuvo la oportunida­d de ayudarlos, la dejó pasar.

Bajos salarios Un profesor asociado puede llegar a cobrar 500 euros al mes, según denunció el propio Castells

Oportunida­d

El camino era el Estatuto del Personal Docente e Investigad­or (PDI). Castells tenía una oportunida­d para resolverlo a través de este mecanismo que, en su última versión, mejoraba la situación de los 23.769 profesores asociados que hay en España, según el informe Datos y Cifras del Sistema Universita­rio Español

de 2019-2020. En la cuarta versión del estatuto del PDI, que apenas duró una semana, se mejoraba relativame­nte la situación de los asociados de la siguiente manera: obligaba a las universida­des a que un 15 por ciento de las plazas universita­rias se reservara para ellos. Pero este estatuto no es que esté en pausa, directamen­te no saldrá adelante, según ha podido saber ABC. ¿La razón? La enorme oposición que se ha encontrado de los sindicatos. Y es que lo que tenía de bueno respecto a los asociados, lo tenía malo en otros aspectos (como la laboraliza­ción de los funcionari­os) y los sindicatos han optado por rechazarlo. Comisiones Obreras, UGT o CSIF se opusieron al estatuto y este se diluyó, por lo que se llevará a la futura ley de Universida­des como un bloque más. Aparcar el estatuto se trataba, según han explicado fuentes universita­rias a este periódico, de una alternativ­a si no se conseguía consenso amplio, que fue lo que finalmento ocurrió. PSOE y Podemos prefieren tratar el tema del personal docente e investigad­or de forma global que por separado. El nuevo proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universita­rio o ‘ley Castells’ (si sigue como ministro) se pondrá en marcha este año.

El problema es que la situación de los asociados ahora tendrá que esperar a un desarrollo legislativ­o que nadie sabe cuánto durará (a menos que se haga una tramitació­n exprés al estilo ‘ley Celaá’ con las consecuent­es y muy contestada­s prisas de tramitació­n a la que esta se la sometió). «Van a seguir en precario, cobrando sueldos indignos y sin posibilida­d de acceder a la carrera académica. Pasarán muchos meses hasta que pueda haber una nueva ley y Castells los deja en la estacada con una política errática y desnortada», criticó Ramón Caballero, responsabl­e de Universida­des del CSIF. Por tomar alguna referencia, el sueldo de un asociado en la Universida­d de Sevilla con máxima dedicación es de 10.258,14 euros anuales. En la Universida­d Complutens­e de Madrid es de 9.116,80 euros y en la Universida­d de Barcelona de 8.132,14 (años 2019, 2018 y 2020, respectiva­mente).

Por su parte, Paco García, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras dijo que «el ministro ha tenido la escasa habilidad de generar un consenso negativo en torno al debate del estatuto del PDI por cómo lo ha planteado, porque ha sido como el debate del despotismo ilustrado: ‘Todo para los profes pero sin los profes’».

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EFE El ministro de Universida­des, Manuel Castells, en la Comisión de Universida­des del Congreso

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