Cataluña aprueba el decreto que asfixia a la concertada

Se confirman los peores presagios para la escuela concertada en Cataluña. El gobierno autonómico ha dado hoy luz verde al primer decreto que «asfixia» a estos centros –está gestando otro que cambiará las condiciones para acceder a la financiación pública– que reproduce, con prácticamente los mismos argumentos que utiliza la «ley Celaá», medidas para apartarlos de la planificación educativa y obligarlos a asumir más alumnado desfavorecido sin, según denuncian, «dotarlos de una financiación suficiente». Generalitat y Ministerio han ido, según mantiene la Generalitat, de la mano en su replanteamiento del papel de la concertada en el sistema educativo. «Ha habido un flujo recíproco de contenidos entre la ley estatal y la catalana en cuanto a la lucha contra la segregación», precisan fuentes del departamento que dirige Josep Bargalló (ERC) y añaden que algunos de los preceptos que llevan años gestándose desde Cataluña para elaborar la norma «han influido» en la Lomloe. Otra consecuencia que tendrá el polémico decreto, que entrará en vigor el próximo curso 2021-2022, es la retirada de la subvención pública a las escuelas que separan por sexo, al entender que es un modelo «discriminatorio».

El motivo de los cambios impulsados en la norma autonómica, es combatir la segregación escolar y garantizar un reparto equilibrado del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una situación socioeconómica desfavorable. El decreto estima, en su memoria económica, que este alumnado se triplicará desde los 65.000 estudiantes actuales hasta los 215.000 en cinco cursos. Actualmente, la escuela concertada escolariza a un 23% de estos alumnos y la consejería pretende elevar el porcentaje hasta el 32%. Los centros concertados consideran «totalmente insuficiente» el incremento presupuestario previsto.

Cambio Una de las consecuencias es la retirada de la subvención a las escuelas que separan por sexo