Los hosteleros prevén «miles» de demandas por lucro cesante

Vox reclama responsabilidades a Igea y UPL suma a Verónica Casado

El presidente de la Federación de Hostelería de Castilla y León, Fernando de la Varga, pronosticó ayer que serán «miles» las demandas por lucro cesante que se producirán en las próximas semanas, si bien aclaró que serán a título individual y en función de las características de cada negocio. Además, lamentó que la Junta «cargue» de nuevo toda responsabilidad contra el sector al decretar el cierre de la hostelería y del comercio no esencial a las 20.00 horas. Una decisión adoptada después de que el Tribunal Supremo paralizase el adelanto del toque de queda hasta esa misma hora en la Comunidad. «La Junta vuelve a señalar y a marcar mientras insiste en decir que la hostelería no es el problema», aseveró De la Varga. El sector «siempre ha hecho bien las cosas» y ha cumplido sanitariamente con todo, subrayó antes de criticar que «no se pueden cambiar los criterios cada siete días», informa Ep. El presidente de los hosteleros consideró que las reuniones sociales se seguirán produciendo.«La gente no se va a ir a casa sino que se incrementarán las fiestas y los botellones», lamentó. tión también «jurídicamente compleja», y si llegará una cascada de demandas a la Junta por lucro cesante. En este punto, el presidente abogó por esperar a conocer la sentencia definitiva del Supremo y se prevé que tarde aún varios meses.

En su argumentación, frente a la alegación del Gobierno autonómico sobre el «interés general» perseguido con su decisión, el Supremo asegura que «el que lo protege y lo garantiza» es la Constitución «al exigir que tan sólo en los términos de la declaración del estado de alarma, y precisamente en esa norma, puedan limitarse determinados derechos fundamentales». Por este motivo, concluye que «todo el alcance» de la limitación «debe estar expresamente previsto» frente a las tesis de la Junta, que sostenía en su recurso que se puede «agravar» la restricción «más allá». Recuerda al respecto que los límites máximos y mínimos dentro de los que las autoridades delegadas —Fernández Mañueco lo es— pueden adelantar y atrasar las «horas» del toque de queda «están delimitados con toda precisión, debiendo situarse entre las 22,00 y las 00,00 horas el de inicio, y entre las 5,00 horas y las 7,00 horas el de finalización». Un horario «claro y preciso» que hace de que la interpretación que hace Castilla y León, «con su asimilación del verbo modular con el de agravar, está muy lejos de ser evidente».

Por último, frente a la protección a la vida y la salud alegada por la comunidad, señala que justo porque «la situación sanitaria lo exige, se han limitado determinados derechos fundamentales» y considera, en este sentido, que el presidente de la Junta «no ostenta, con la suficiente nitidez, la competencia necesaria». Defiende al respecto el Supremo que no se trata de decidir «qué medidas son necesarias, ni si las adoptadas son insuficientes», por lo que «este debate está desenfocado».

Por otra parte, en su auto señala que las propias alegaciones de la Junta «ponen de manifiesto que se ha optado por la restricción de la libertad de circulación antes que otras medidas disponibles, entre las que menciona el adelanto del horario del cierre de establecimientos de actividades no esenciales». Así, ante la «existencia de alternativas» a la medida impugnada, «nada» impedía que se utilizaran «esas otras». Como resumen, sostiene que la libertad de circulación de los ciudadanos «no puede ser afectada por órganos que carecen de la atribución de competencia constitucionalmente establecida».

VALLADOLID

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió ayer en León la «inmediata dimisión» del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por restringir durante un mes los derechos y libertades de los ciudadanos «de forma irregular e innecesaria en un momento muy duro y con un más que discutible beneficio sanitario». Así lo apuntó después de que el Tribunal Supremo decidiera suspender de manera cautelar el adelanto del toque de queda a las 20 horas aprobado por el Gobierno autonómico, en lo que supone «una decisión demoledora contra la Junta» a una medida que, tal y como advirtieron los socialistas, fue adoptada «sin la menor apariencia de legalidad» por motivos que «nada tenían que ver con la lucha contra la pandemia».

De igual forma, Tudanca acusó al presidente y al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de «haber engañado y mentido» a los grupos parlamentarios, a los alcaldes, a los presidentes de las diputaciones y a todos los sectores afectados, ya que «han restringido un mes los derechos y libertades de forma irregular e innecesaria en un momento muy duro con un más que discutible beneficio sanitario». Para Tudanca «el fin no justifica los medios y mucho menos cuando el único fin que persigue es mantenerse en el poder». Ahora, tras la toma de una decisión por parte del Tribunal Supremo que «puede abrir la puerta a la reclamación de indemnizaciones por los sectores afectados a la Junta de Castilla y León», el socialista aseguró que «no deberían pagarlas los ciudadanos porque tienen responsables directos».

Mientras, el Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León exigió hoy la «dimisión inmediata» el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, como «responsable de llevar a cabo una acción declarada ilegal», con la implantación del toque de queda a las 20 horas, y que el Tribunal Supremo «ha constatado como ilegítima y contraria a la Constitución».

«Ni un día más»

La formación considera que Igea «debe dejar a un lado su sabida ambición política, soberbia y prepotencia y asumir que no puede continuar ejerciendo como cargo público ni un día más», más cuando los ciudadanos de Castilla y León no se merecen «que atente de forma flagrante contra sus derechos fundamentales , amparándose en la falaz argumento de que lo hace por su bien. Este es el argumento propio de los tiranos».

Horas antes, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) criticaron «la arbitrariedad rayana en el delito de prevaricación administrativa cometido» por Mañueco, Igea y Casado», a quienes reclamaron su «dimisión inmediata» y animan a todas las empresas y autónomos que se hayan visto perjudicados a que reclamen en responsabilidad administrativa contra la Junta por los perjuicios ocasionados.