Concepción ve «en solfa» a la democracia desde que Podemos está en el Gobierno

Ibáñez cree que habrá progresos en el desarrollo del reglamento en «próximas semanas»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, considera que «la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor —en alusión a Pablo Iglesias— forma parte del Gobierno». De esta forma respondió el magistrado a la pregunta formulada en una entrevista en La 8 Burgos sobre si «le parece adecuado que un vicepresidente del Gobierno ponga en solfa la democracia de un país».

Se trata de unas declaraciones que recogió ayer en su perfil de twitter el propio Pablo Iglesias y que el ministro de Consumo, Alberto Garzón (Izquierda Unida), añade: «Luego hay quien se sorprende con determinadas sentencias dictadas por algunos jueces que, como este señor, profesan ideas reconocidamente reaccionarias».

CONCEPCIÓN

P. FERNÁNDEZ

«Un atentado»

El secretario general del PSCL, Luis Tudanca, también criticó en su cuenta de twitter lo que denominó como «una peculiar visión de la separación de poderes y de la democracia a la que se pone en riesgo, según él, porque el Partido Comunista (legalizado en 1977) esté en un gobierno. El mismo que clamaba contra la exhumación de Franco. Irresponsable». Mientras, el líder de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el cese de Concepción por unas declaraciones que consideró «una vergüenza y un atentado a uno de los pilares básicos de la democracia como es la separación de poderes»·. Fernández añadió que el presidente del TSJ de Castilla y León está «mancillando y manchando» la institución judicial que rige y consideró que ofrece una muestra más del «déficit democrático que hay con gente que copa cargos estratégicos a nivel judicial, que no han entendido que estamos en una democracia y se ha acabado el franquismo». «Es impresentable y lo más grave que he vivido en los seis años que llevó en el ámbito político», subrayó.

M. ANTOLÍN

En 2019 salió adelante la ley de la carrera profesional para empleados públicos en Castilla y León, que supondrá que los funcionarios podrán ir accediendo a diferentes grados en función de su experiencia, formación y otros elementos e incrementar también su nómina. La primera convocatoria estaba prevista para el año pasado, pero la pandemia y la «situación económica cambiante» la frenaron en seco. Es ahora, al inicio de 2021, cuando se han retomado los «contactos» con las organizaciones sindicales para que «en las próximas semanas» pueda avanzarse en el desarrollo reglamentario de la norma, el paso previo para que pueda ponerse en marcha la carrera profesional para todos los funcionarios de Castilla y León, salvo los sanitarios que ya poseen un instrumento de este tipo.

Así lo anunció ayer el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que se mostró «firmemente convencido» de que es necesario seguir avanzando en esta materia y dotar de reconocimiento a la labor de los empleados públicos. En ese sentido, anunció que la formación tendrá un peso importante en el desarrollo de la carrera profesional. Ibáñez hizo estas declaraciones durante la presentación del nuevo decreto que regulará la Escuela de la Administración Pública de Castilla y León (Eclap), que pretende modernizar su estructura, adaptarla a las nuevas competencias y reforzar su protagonismo.

El nuevo texto estará aprobado previsiblemente el próximo mes de marzo y, una vez que entre en vigor, el órgano que desarrolla la formación de los funcionarios autonómicos se encargará también del proceso de selección de los nuevos empleados que pasen a formar parte de la plantilla de la Junta para mejorar los accesos.

Procesos selectivos

Tras veinte años de andadura, la escuela hará hincapié en las nuevas competencias y en la tecnología como herramienta «esencial» y, gracias a la colaboración con otros organismos, se encargará también de homologación y acreditación de competencias. A los empleados de la administración autonómica, de las entidades locales y de las universidades públicas, se sumarán este año los de las Cortes de Castilla y León y las instituciones propias de la Comunidad y su secretaría general, que también podrán acceder a los cursos. En cuanto a las actividades formativas, que en 2020 se vieron afectadas por la pandemia, el nuevo plan ofertará 315 acciones generales y sectoriales en formato online, presencial o mixto para un total de 9.500 plazas.

Sobre los procesos selectivos convocados este año, la intención de la Junta es que con «prudencia» puedan celebrarse los exámenes en el primer semestre y, en el caso de los que cuenten con más de 300 aspirantes, desarrollarlos en todas las provincias.