Los negociadores reconocen que los nombres que faltan por cerrar están generando problemas
Pese a que se esperaba tenso, por las diferencias que el día anterior habían expresado los vocales sobre la necesidad o no de afrontar la última tanda de nombramientos, el Pleno del Consejo se caracterizó ayer por la prudencia. Al menos en lo que se refiere a la cobertura de plazas. No así en lo relativo al demoledor informe del anteproyecto de la ley del consentimiento de Montero con el que el órgano de gobierno de los jueces se despidió.
Por unanimidad, el CGPJ decidió posponer los nombramientos –cuya inclusión en el orden del día forzó un grupo de ocho vocales de distintas sensibilidades– a un pleno extraordinario que, en su caso, se celebrará el próximo jueves 4 de marzo. El órgano decidía así esperar unos días para comprobar si fructifica el acuerdo entre PSOE y PP para su renovación. Si no es así y no hay cambios sustanciales en la negociación, hay vocales que consideran que el Consejo tiene que seguir desempeñando sus funciones constitucionales con normalidad, entre ellas los nombramientos. Por contra, si el pacto está cerrado ya en esa fecha, de estos se encargaría el nuevo Consejo.
Los veinte vocales adoptaban así una decisión con la que se trataba de impedir la fractura en un órgano que desde el mes de septiembre ha efectuado los nombramientos con «mayorías incontestables» de hasta 18 de los 21 vocales en algún caso y, por lo general, de 16. En esta ocasión no iba a ser así, pues del bloque que venía votando unido estos últimos meses, y que integraban vocales tanto de perfiles conservadores como progresistas, se habían descolgado ya tres, lo que implicaba que la cobertura de las nuevas plazas no iba a hacerse con holgadas mayorías. Se trataba de tres plazas correspondientes al Tribunal Supremo (dos en lo Civil y una en lo Social); a dos presidencias de tribunales superiores de Justicia (País Vasco y Canarias), a la de la Sala Social del TSJ vasco y a las de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.
Lo cierto es que en el Gobierno eran partidarios de un acuerdo rápido, que no dilatase los tiempos, conscientes de que políticamente es complejo mantener un «equilibrio», en palabras de un ministro, entre la decisión de abordar un pacto de estas características con el PP y la necesidad de hacerlo de la mano del socio minoritario de la coalición.
En el comunicado que emitieron ayer los grupos parlamentarios de PSOE y PP se trasladaba la idea de que las negociaciones no se interrumpen: «Ambos partidos nos hemos emplazado a continuar negociando en los próximos días para alcanzar un acuerdo» para el desbloqueo de los órganos pendientes de renovación: Consejo General del Poder Judicial, también de un tercio del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia Española de Protección de Datos.
Aunque el acuerdo para la renovación se da por hecho entre los actores consultados, fuentes gubernamentales reconocían en la tarde de ayer que quedaban «varios problemas» por resolver. Desde el lado de Unidas Podemos, donde cuentan con el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, negociando su parte con el PSOE, se aproximaba la idea de que varios nombres estaban en el aire. Algo que corroboraban en la parte socialista. Desde la formación de Pablo Iglesias insistían ayer que «igual que es evidente nuestra presencia en RTVE, se verá en el CGPJ».
Y en esa presencia es donde algunas fuentes apuntan a que se encuentra el problema. Desde el Gobierno insisten en que el reparto está cerrado, con UP logrando dos sillones cercanos a su sensibilidad y el PNV asumiendo uno de los nombres del PP. Pero también reconocen que los populares han vetado a candidatos cercanos a UP y apuntan a ese pulso como el elemento que «está dificultando el cierre del pacto». En la negociación señalan además que desde el Gobierno, por presión de Podemos, se sigue insistiendo con José Ricardo de Prada. Algo que Génova no acepta. Otras fuentes gubernamentales trasladan sus reticencias con la figura de Alejandro Abascal. Pero desde el PP garantizan que ahora mismo «está en la lista», aunque aseguran que no hay «nada cerrado». Otras fuentes señalan que es un nombre innegociable.
Desde el PP se afronta la parte final del acuerdo, «la más difícil», con máxima cautela. También dan por hecho que habrá pacto en los próximos días, pero la presencia de representantes de Podemos sigue siendo una línea roja para los populares. El reconocimiento de que pueda haber alguno sería echar por tierra una de las condiciones principales que puso Casado para que el PP se sentara a negociar con el PSOE.