Vox consolida los superpoderes de La Moncloa con los fondos UE
▶ Vota con PSOE y Podemos y tumba la creación de una agencia independiente
te al 23% de las pymes. En las cuentas anuales de la Agencia Tributaria, los sectores más internacionalizados, como las constructoras o las entidades de crédito, salían con un tipo del 1,9% y el 2,68% respectivamente, pero, al calcularlo en base a su base imponible, los porcentajes ascendían al 18,7% y al 19,7% en casa caso.
Los datos que ahora salen de la Agencia Tributaria y la OCDE, que incluyen los beneficios netos globales pero también el Impuesto de Sociedades pagado en el exterior, están más cerca de estos porcentajes.
Como fuere, la estadística destaca por su elevada heterogeneidad. Hacienda denuncia una «gran dispersión de tipos efectivos» y añade que «la mitad del beneficio se concentra en 57 multinacionales que, sin embargo, únicamente aportan el 17,6% del impuesto pagado por el conjunto del colectivo».
Lo cierto es que hay enormes diferencias. Dentro del informe se observa que 22 empresas españolas pagaron solo 313 millones en impuestos por un beneficio de 23.522 millones, es decir, un tipo efectivo del 1,5% en términos de devengo. Ello puede ser así porque haya empresas que no tuvieron ganancias, otras que tributaron en países con bajos impuestos y que se aplicaron deducciones que adelgazan la factura fiscal.
Enormes diferencias
Pero hay otras 23 grandes empresas que recogieron un beneficio de 28.949 millones y pagaron la friolera de 9.186 millones en impuesto de Sociedades en todo el mundo, esto es, un 31,7%. Un 40,2% de las grandes empresas consideradas (45) acumulan el 39,4% del beneficio neto pero solo aportan el 5,5% del impuesto mundial devengado (su tipo efectivo medio es el 3,1%), mientras que otro 31,3% de las empresas (35) concentra el 78,7% del impuesto global (con un tipo efectivo medio mundial del 30,1%).
La información cubre en el caso de las matrices españolas un total de 14.996 filiales, 5.057 con domicilio en España y 9.939 en el exterior, con una cifra de negocios mundial de 806.441 millones.
Hace un mes, el Gobierno logró convalidar por la mínima, y gracias a la abstención de Vox, el real decreto con el que se simplifican los trámites administrativos para la llegada de los fondos europeos pero que, al tiempo, centraliza todo el poder y control en La Moncloa. Ayer, ante el debate de la única enmienda a la totalidad, presentada por Ciudadanos, el Ejecutivo disfrutó de una posición mucho más holgada que permitió que el proyecto de ley siga adelante en su proceso de tramitación al rechazarse la propuesta del partido naranja. La creación de una agencia independiente con la que regular la gestión de los fondos europeos naufragó así al recibir el apoyo únicamente del PP, UPN y Foro Asturias.
Una de las grandes incógnitas de la jornada era precisamente la posición que iba a mantener Vox, después de su polémica abstención. El portavoz del grupo, Iván Espinosa de los Monteros, argumentó su rechazo a la propuesta de Cs en el retraso que supondría para unos fondos vitales: «pone en riesgo su llegada», dijo, para explicar después que su formación se asegurará de que los proyectos no vayan a «terceros países», no propicien la inmigración ilegal, se elimine «la ideología de género», y asegurar que de verdad el 80% de los recursos acaben en pymes y autónomos, «los que más lo necesitan».
Para los populares, sin embargo, la fórmula de la agencia era la adecuada: «Es la única manera de evitar que la deriva emprendida por el Ejecutivo
Países vecinos como Francia e Italia han creado comités de expertos de reconocido prestigio
con la izquierda populista termine en un sablazo en forma de recortes a los españoles», dijo el diputado Miguel Ángel Castellón. Y es que las dudas sobre la gobernanza de esos fondos fueron ayer el centro del debate. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, defendió que esta ley impone «un criterio político» a la hora de repartir el dinero con el objetivo de «mantener al Gobierno en el poder». «España importa menos, lo que importa es sostenerse en el poder», espetó Bal durante la defensa de la enmienda.
Lo cierto es que lejos de un comité de expertos de reconocido prestigio, como han puesto en marcha países vecinos como Italia y Francia, y como había propuesto también el PP, la comisión que dirigirá los fondos en España y que centralizará su control desde la Presidencia, ha sido diseñada para limar las asperezas que generó en el vicepresidente Pablo Iglesias el primer borrador de este decreto, que le mantenía fuera de la estructura interministerial.
La propuesta de Cs contemplaba la creación de una agencia independiente presidida por una mayoría de tres quintos de la comisión mixta para la Unión Europea del Congreso, que examinaría la idoneidad del candidato entre los aspirantes propuestos por el consejo de ministros. Además, esa agencia estaría compuesta por el Consejo Ejecutivo de la autoridad la Secretaría de Estado de Economía, la Dirección General de Fondos Europeos, y los presidentes de la CNMV, la CNMC y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el gobernador del Banco de España. Su consejo los completarían otros trece independientes de la sociedad y el mundo académico y empresarial.