El Comité de Bioética estudia la objeción de conciencia a la eutanasia
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La regulación de la eutanasia y del suicidio asistido como una prestación del Sistema Nacional de Salud (SNS) podría acarrear serios problemas a los centros médicos que por su ideario o carácter propio no sean partidarios del «derecho a morir». Es el caso de los hospitales cuya propiedad depende de algunas congregaciones religiosas con una gran trayectoria en el campo de la salud, como el Sant Joan de Déu en Barcelona o la Fundación Instituto San José de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. También están los centros asistenciales de los religiosos Camilos o de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, entre otros.
Sin una regulación del derecho a la objeción de conciencia institucional, muchas de sus plazas concertadas con la administración pública (un buen número en las unidades de cuidados paliativos) podrían quedar al arbitrio del Gobierno de turno al negarse a prestar un servicio que pasará a estar incluido en la cartera sanitaria tras la entrada en vigor de la nueva ley.
«El concepto de objeción de conciencia institucional no existe, por definición. Sin embargo, la identidad de los centros llevará a estrategias que impidan la práctica de la eutanasia en aquellos para los que hacerlo significaría traicionar el propio ideario. Probablemente en los acuerdos entre las instituciones públicas y las privadas, se llegue a concretar los procedimientos para salvar el ‘no institucional’», explica José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo de Tres Cantos (Madrid), donde funciona una unidad de cuidados paliativos.
La actual proposición de ley, que se encuentra en el Senado, solo ampara la objeción de conciencia individual de los profesionales sanitarios. «Habrá que dialogar, ya que no se tiene que dar por sobreentendido que esta ley se tenga que aplicar en todos los centros que existen. Todo va a depender de las ganas de entendimiento que exista, porque no se puede violentar la conciencia institucional», comenta Margarita Bofarull, médica, religiosa y miembro de la Comisión General de Bioética de la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios.
Fallo histórico
Para el presidente del Comité de Bioética de España (CBE), Federico de Montalvo, sin embargo, es «discutible» que el derecho a la objeción de conciencia institucional «no exista». «Se aparta siempre y casi sin argumentos por que se da por hecho de que no existe pero yo tengo mis dudas», asegura el profesor de Derecho en la Universidad Comillas-ICADE y experto en derecho de la Salud.
Una buena prueba del derecho de las instituciones a la objeción de conciencia es un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a propósito del «Obamacare» (Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible). El máximo tribunal estadounidense falló en 2014 a favor de una de las mayores compañías médicas del país, Hobby Lobby, que se había amparado en su derecho a a objeción de conciencia institucional para negarse a ofrecer entre sus prestaciones sanitarias la administración de la píldora del día después, como le obligaba el Gobierno de Obama.
«Hobby Lobby dijo que quería participar en el programa pero que objetaba por razones de conciencia facilitar la píldora», comenta Montalvo. La Corte le dio la razón y «la compañía tuvo que ser admitida en el programa de Obama sin necesidad de ofrecer esa prestación sanitaria por entender que afectaba a sus valores como empresa», apostilla el presidente del Comité de Bioética, quien recuerda que las empresas también «tienen ideario». Para Montalvo, tampoco está claro que la objeción de conciencia sea «un derecho cuya regulación dependa del Parlamento o del reconocimiento del legislador porque deriva directamente de la Constitución». «Es un tema abierto e interesante que habrá que abordar», afirma.
Tema abierto «Las empresas también tienen ideario», recuerda el presidente del Comité de Bioética
Medicina «¿Estarán todas las universidades, obligadas a formar a sus estudiantes en cómo practicar una eutanasia?»
Nuevo informe
De hecho el Comité de Bioética está preparando un informe sobre algunos aspectos relacionados con la objeción de conciencia ante los posibles conflictos que podría acarrear el nuevo «derecho a morir». «La ley de eutanasia niega la objeción de conciencia institucional al decir que tiene que ser estrictamente individual pero habrá que estudiarlo», comenta.
Dentro de los temas a abordar, Montalvo también propone estudiar qué entiende la ley por «participación directa o indirecta en el proceso de eutanasia» como condición para poder objetar. «¿Todas las universidades estarán, por ejemplo, obligadas a formar a sus estudiantes de Medicina en cómo practicar una eutanasia? Queremos abordar la objeción de conciencia para que los conceptos estén claros y evitar que haya conflictos», afirma.