El Consejo de Estado denunció que Moncloa redujo los controles para los fondos europeos
▶ El organismo consultivo publica su informe obligado por Transparencia, tras una petición de ABC ▶ El Gobierno también ocultó los dictámenes de la Intervención General y la Oficina de Calidad Normativa
Un mes después de que el presidente del PP, Pablo Casado, diera a conocer en el pleno del Congreso que el Gobierno había ocultado el informe del Consejo de Estado sobre el decreto-ley de los fondos europeos, este organismo publicó ayer el «demoledor» dictamen, según lo calificó el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal. La publicación no se produjo de forma voluntaria sino después de que Transparencia estimara la solicitud de ABC para acceder al contenido del informe. Una petición que el Consejo de Estado como el Gobierno habían rechazado de plano.
El dictamen fue aprobado por unanimidad y consta de 97 páginas en las que asesta un fuerte varapalo al Ejecutivo. Pocos folios están libres de reproches y de ahí el interés del Gobierno en mantenerlo oculto. A lo largo del informe, el Consejo de Estado expresa una y otra vez su «preocupación» por la «eliminación o modulación de mecanismos de control» planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a la gestión de las ayudas comunitarias. Entre ellas, la eliminación de la función interventora, la exclusión de fiscalización previa o la eliminación de la autorización de la ministra de Hacienda. Cuestiones que se mantuvieron en la redacción final. Esta aligeración de la supervisión repercute «en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones» y todo ello, según el dictamen, con la «ausencia» de una «exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o supresión» de los controles.
Peligro, Europa vigila
El Consejo de Estado llama repetidamente la atención sobre la «necesidad de implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos» europeos. Subraya que las ayudas comunitarias suponen una «oportunidad histórica», pero para que ésta sea un «éxito» es necesario establecer «un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines» concedidos. Una vigilancia que echa en falta. «No parece adecuado que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción» de los mecanismos de control».
El Consejo de Estado llega a señalar, incluso, el papel vigilante de los organismos comunitarios, en una clara alusión al peligro que entraña una mala gestión de las ayudas. «La UE está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos, (...) lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos», advierte.
A la vista de todo ello, el Consejo de Estado realiza una serie de recomendaciones «esenciales» para que el decreto «logre un elevado nivel de seguridad jurídica y económica». Entre ellas, que la memoria del análisis de impacto normativo explique de forma «detallada» cada flexibilización de los controles, o que el Gobierno elabore un estudio «aunque sea aproximativo» del impacto presupuestario de las medidas. También reclama cambios en la vía libre a la modificación de contratos una vez adjudicados y reclama «reforzar los mecanismos de supervisión de los proyectos de obras y la responsabilidad de proyectistas».
Aunque la eliminación de los controles sobre las ayudas europeas es una constante, el informe incluye otros reproches severos. Entre ellos, que el Gobierno privó al Consejo de Estado de los informes elaborados por la Intervención General y la Oficina de Calidad Normativa. También denuncia la falta de concreción sobre el Comité Técnico para el Plan de Recuperación que adjudicará los fondos, del que se desconoce el número máximo de integrantes y su identidad. También advierte que la memoria adolece de «graves insuficiencias en su contenido» y que el análisis presupuestario vulnera la normativa al no contener ni «una referencia concreta a los efectos en los ingresos y gastos públicos». «Hay errores jurídicos relevantes y se insta a revisar la redacción y expresiones incorrectas», apunta el órgano consultivo sobre la baja calidad del proyecto. Por todo ello, no duda en advertir que si el texto fuera impugnado ante el Tribunal Constitucional, sería sometido «a examen».
Impugnable El proyecto incorporaba «graves insuficencias» y «errores jurídicos»
Explicaciones
El Gobierno, por su parte, se defiende asegurando que el dictamen del Consejo de Estado arroja una opinión «favorable» en conjunto y que las observaciones sobre «los controles y garantías» fueron incorporadas en la redacción definitiva. Pero como se ha indicado solo fueron asumidas en parte. Edmundo Bal también recordó que el decreto no explica la relajación de los controles, mantiene la vía libre a la modificación de los contratos y no eleva la responsabilidad sobre los proyectos de obra. Sobre estos dos últimos puntos advirtió que son nicho de corrupción política. «El Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo ahora si quiere de verdad que Europa vea que estamos ejecutando bien los fondos. Si no lo hace, nos encontraremos con problemas», avisó.