TRAS LA DETENCIÓN DE PUIGDEMONT Piden 5 años más de cárcel para Hasel por los disturbios de 2018
Desórdenes públicos, daños y lesiones, atentado contra la autoridad... El ya de por sí complejo horizonte judicial de Pablo Hasel podría enredarse aún más después de que la Fiscalía haya pedido otros cinco años de cárcel para el rapero ilerdense. En esta ocasión, el Ministerio Público acusa a Hasel, encarcelado desde hace dos semanas para cumplir una pena de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, de ser uno de los cabecillas del intento de asalto a la Subdelegación del Gobierno de Lérida en marzo de 2018 tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania.
«Hoy los Mossos han detenido a tres compañeros y nos han citado para declarar a unos cuantos más por protestar frente a la Subdelegación del Gobierno ante los encarcelamientos de independentistas. Esto será un no parar mientras no conquistemos una república popular», escribió Hasel en su cuenta de Twitter poco después de aquella ‘protesta’ en la que cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra resultaron heridos y se registraron numerosos desperfectos.
Ahora, y según avanzó ayer ‘El Mundo’, la Fiscalía señala a Hasel como uno de los responsables del intento de asalto al edificio gubernamental y pide para él cinco años y tres meses más de cárcel acusado de de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones y daños. Además, la acusación reclama también 7.000 euros de indemnización para pagar los daños y otros 4.000 para los policías personalmente «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera «ignorar o eludir» la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista. En la misma, el TC declaraba inconstitucional y nula la resolución que los partidos independentistas impulsaron tras las elecciones del 27 de septiembre de aquel año.
La respuesta de Torrent no se hizo esperar y, pese a saberse advertido desde todos los flancos posibles, defendió ayer que en el Parlament se debe poder «hablar de todo». «Por mucho que intenten censurar debates, no podrán esconder las prácticas corruptas de la Monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no renunciaremos», declaró.
Desde la oposición, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, celebró que el «Estado de derecho funcione» y recordó que «no es posible que Torra, Torrent o Forcadell consideren que la ley se aplica como a ellos les da la gana», mientras que Eva Granados (PSC) aseguró que Torrent estaba avisado de lo que ocurriría. «Está pasando lo que dijimos que pasaría», subrayó.
Tercer grado de Forcadell
También ayer, la Fiscalía presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña de mantener el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa.
Sostiene el Ministerio Público que existe un «evidente riesgo de fuga» por parte de las dos reclusas, por lo que pide que se revoque el régimen de ‘semilibertad’ mientras el tribunal decide sobre el fondo del recurso.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 también acordó mantener de momento el régimen de semilibertad para los siete líderes del ‘procés’ que cumplen condena en Lledoners, y la Fiscalía estudia ahora los recursos de apelación contra esta resolución del juez.
EP
autonómicos que resultaron heridos. Junto a Hasel, la Fiscalía acusa a otras diez personas como instigadoras de los altercados. «Previo acuerdo con otras personas no identificadas, [los acusados] empujaron a las líneas policiales hacia el edificio, gritando e incitando al resto de los 3.000 manifestantes que al menos allí se encontraban a hacerlo», describe la acusación en un escrito que detalla también cómo «todos los acusados, con evidente intención de alterar la paz pública, acorralaron a los agentes por medio de patadas y empujones que propinaban ayudándose del anonimato».
PABLO HASEL