Salamanca tilda de «puñalada» la salida de más documentos del Archivo
▶ El Ministerio dice que cumple una sentencia y la asociación en defensa del centro acudirá a los tribunales «No nos quedaremos de brazos cruzados ante este desafío a la legalidad», asegura García Carbayo
Enfado y polémica ha vuelto a generar en Salamanca la salida de más documentos —en concreto 20.000— del Archivo rumbo la Generalitat de Cataluña. Hasta el punto que su alcalde, Carlos García Carbayo, tildó ayer la nueva extracción del pasado 9 de abril de material de los muros salmantinos como una «puñalada por la espalda» a la ciudad. Y es que, según apuntó en una rueda de prensa, esta séptima salida de documentos del ahora denominado Centro Documental de la Memoria Histórica ha sido «perpetrada con absoluta falta de transparencia y el silencio cómplice del Ministerio».
Es más, exigió que se reúna el Patronato para conocer los términos concretos del traslado mediante informes técnicos. Esto es «un regalo», efectuado por «un Gobierno débil, del que se sirven los independentistas para enfrentar a unos españoles con otros», continuó el regidor charro, quien reconoció que la sociedad salmantina está ya «cansada». «Salamanca, siempre leal a España y a nuestro patrimonio común, no se va a quedar cruzada de brazos ante un nuevo desafío a la legalidad», manifestó el alcalde.
De hecho, el Consistorio ya ha trazado la hoja de ruta que seguirán junto a la Asociación Salvar el Archivo, defensora del centro salmantino, que comenzará con el envío de una carta al Ministerio de Cultura para el retorno del último material que partió hacia Cataluña, compuesto por unas cuarenta cajas, en el plazo de un año pero también de los otros 400.000 documentos pendientes de devolución, en base a las sentencias judiciales.
Otros 400.000 papeles
Respecto a todos esos fondos que «retienen ilegalmente en su poder» desde hace varios años, «vamos a presentar una demanda judicial contra el Gobierno de España en un plazo no superior a 30 días», anunció el presidente de la Asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, informa Ical.
Por su parte, el Gobierno se defendió ayer mismo asegurando en un comunicado que el reciente traslado del pasado día 9 de abril de «varios documentos y objetos» —también se incluyeron 13 libros, cinco banderas y un cartel— de Salamanca responde a un «estricto cumplimiento de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo 806/2019», que ratifica lo establecido en un fallo de la Audiencia Nacional de 2016.
Los fondos transferidos a Cataluña «para su entrega a sus legítimos propietarios o derecho habientes» fueron en su día «identificados por los miembros de la Comisión Mixta como incautados a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y se encontraban custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española», señala el Ministerio.
En el año 2014, el departamento ministerial consideró que parte de esos fondos «no deberían ser susceptibles de restitución al haber desaparecido las personas físicas o jurídicas a los que pertenecían o sus herederos». Pero la Generalitat recurrió y la Audiencia estimó parcialmente su petición asegurando que debía trasladarse la documentación a sus propietarios. El Gobierno presentó recurso de casación, pero no fue aceptado, informa Ep.
Un argumento que de inmediato rebatió Salvar el Archivo. Su presidente reprocha al Gobierno que «oculte el contenido real» de la sentencia, que establece que el material cuyos propietarios no se localicen o no se acredite la titularidad del mismo debe ser devuelto a la institución salmantina. De ahí, dijo, que se exija el regreso «inmediato» de 400.000 documentos y que se vigile el regreso de los 20.000 que han salido recientemente.