La publicación de las leyes en términos nacionales en España es de 1889. Francia lo tenía un siglo atrás
Boletín Oficial del Estado. «Es un mecanismo de publicación, un instrumento para decir que una ley está en vigor y a partir de ahí obliga a autoridades, a ciudadanos y, por supuesto a los tribunales». Lo explica Marta Lorente, catedrática de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y autora de ‘La Voz del Estado’, donde muestra que esa función que hoy se da por descontada –la Constitución consagra en el artículo 9.3 la publicidad de las normas–
«en términos nacionales» se activó hace apenas 132 años, cuando así se dispuso en el Código Civil de 1889. En Francia ya operaba desde la Revolución, un siglo atrás.
«Fue un desastre, da idea de las pocas ganas que ha tenido este país de cumplir las leyes», lamenta. La realidad es que, mientras que en el país vecino estaba regulado desde 1790 incluso qué día entraban en vigor las leyes en cada provincia en función de lo que tardaba el texto en llegar a caballo a cada uno de ellos, en España la normativa se daba por difundida dándole lectura de viva voz en la plaza del pueblo.
Más tarde se hizo por su inserción en cualquiera de los dispersos y múltiples boletines provinciales, que en el siglo XIX continuaban muchas veces aún en manos de empresas privadas que quebraban. «Los tribunales, siquiera el Tribunal Supremo, y audiencias no tenían las leyes... se las tenían que pedir a los abogados. Pero es que, además, los funcionarios no se sentían obligados a cumplir la norma hasta que no se la mandaban a su dirección y daban acuse de recibo», ilustra la catedrática, que señala este como uno de los problemas «que explican la debilidad en la construcción del Estado liberal en España».
Dos en guerra
La andadura del BOE ha sido azarosa, cambiante no siempre al compás de su tiempo y sobre todo larga. Considerado el más antiguo del mundo solo por detrás del ‘Post-och Inrikes Tidningar’ –fundado en 1645 por Cristina de Suecia–, es heredero de la ‘Gazeta de Madrid’, que salió a la calle en 1661 como un proyecto de edición privado que informaba de actos de gobierno o decisiones reales, pero también reproducía ensayos, poemas o artículos de opinión. Sería Carlos III quien la incorporaría a la Corona en el año 1762 previo pago de 700.000 reales, con lo que pasó a ser periódico oficial de la Monarquía española.
Con la nomenclatura actual, el Boletín Oficial del Estado es hijo directo de la Guerra Civil y de Francisco Franco, que lo estrenó con ese nombre el 2 de octubre de 1936, al día siguiente de su toma de posesión como «Jefe de Gobierno del Estado Español», según consta en el estudio ‘El BOE hace Hisde Francisco Javier Bobillo. «Crear un ‘Nuevo Estado’ era el propósito declarado (...), no estaba del todo claro en qué consistía dicho objetivo, pero le correspondía un nuevo diario oficial», subraya el autor.
El BOE nació en Burgos, donde el bando nacional había instalado su capital y desde el 25 de julio anterior dado órdenes a través de un Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (Bojdne), del que se hicieron 33 números. Casi tres décadas después, en febrero de 1961, el propio BOE reivindicaría como su «antecesor directo» ‘Gaceta de Madrid’, con la que realmente había coexistido durante toda la contienda, puesto que el Gobierno republicano la mantuvo en rotativas hasta el final bajo la cabecera ‘Gaceta de la República’.
Peores cosas le ha ocurrido al papel oficial que ser dos a la vez en la España rota de la guerra. Por ejemplo, que acabara arrastrado al fango de la corrupción tardofelipista al nivel de los casos AVE, Ibercorp, Guerra o Roldán a cuenta de los 775 millones de pesetas –4,3 millones de euros– que fueron sisados entre 1989 y 1991 de la compra de las bobinas. Es la cifra que dieron por robada los jueces, que sin embargo no encontraron a quien culnes de censura registradas in extremis y fontanerías reglamentarias de última hora.
Quizás como pocas veces antes, la voz del BOE resuena hoy vibrante. Y de la expectación, porque esto ya no hay quien se lo pierda –la web tiene 4,5 millones de entradas al día–, proviene sin duda el foco sobre sus escandalosos fallos. En la Agencia de los 319 empleados esquivan: todo lo reciben en «formato electrónico» y se limitan a un proceso «de maquetación y estructuración para que puedan publicarse con los estilos y formatos propios del diario». De oficio, si acaso, corregir erratas. Por lo demás, que arregle el emisor y arriba la rectificación del pasado 18 de marzo, página 31.270: «’Nombre’, donde dice: ‘Digo’, debe decir: ‘Diego’». Literal.