Carriedo critica el «especial» perjuicio a la Comunidad de la subida fiscal del Gobierno

▶ El consejero advierte de que «es el peor momento» para aumentar impuestos ▶ «Mano tendida» para acordar el abono del IVA pendiente y que el Supremo obliga a pagar

«Es el peor momento para subir impuestos». Así respondió ayer el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, a la propuesta remitida a Bruselas por el Gobierno central dentro del Plan de Recuperación para la obtención de fondos europeos y en la que contempla una fuerte subida de impuestos y adiós a beneficios fiscales dentro de su hoja de ruta para ajustar el déficit y deuda pública. Y es que, señaló Carriedo, el hachazo tributario dibujado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez –con el que prevé recaudar 80.000 millones de euros, según publicó ABC– llega ahora que «muchas familias, autónomos y pymes» sufren «dificultades para salir adelante» por los efectos globales que la pandemia del Covid-19 está dejando.

Solo hablar de subida de impuestos ya «genera inquietud» y supone «falta del estabilidad y seguridad», advirtió Carriedo. Para invertir, señaló, «lo necesario es la confianza», pero, añadió, el Gobierno está «generando falta de confianza» con su plan para subir los tributos.

«No es verdad que subir impuestos genere más recaudación. Ni que bajar los impuestos suponga menos», insistió el consejero para rebatir los postulados de que empresas y ciudadanos paguen más para incrementar los fondos de las arcas públicas. En este sentido, incidió en «reafirmar» la «positiva» política tributaria de la Junta, que, en su opinión, está orientada a «genera confianza» y la «activación de la actividad y del empleo». Así, recordó que, por ejemplo, desde este domingo se ha hecho efectiva la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos (en realidad es una bonificación del 99 por ciento). «Y también conocemos» de otras comunidades «con muchos más impuestos» y «peores» servicios y una mayor tasa de paro, apostilló el responsable de las arcas autónomicas.

Además, Carriedo recriminó que en el capítulo «muy importante» dentro del Plan de Recuperación que suponen los impuestos que contempla el

Gobierno, «muchos» de ellos «perjudican muy especial y específicamente» a Castilla y León, con un gran peso del mundo rural y una amplia extensión, la mayor autonomía de España, precisó. Entre esos tipos, citó, por ejemplo la idea de cobrar peajes por el uso de autovías.

Añadidos a otros

Y que se añadirían, recordó, a otros impuestos ya aprobados por el Ejecutivo de Sánchez y con especial impacto en la Comunidad, como el que grava las bebidas azucaradas, teniendo en cuenta que Castilla y León produce el 85 por ciento del azúcar de España. Sin olvidar, el que ya pesa a mayores desde principios de año sobre la matriculación de vehículos, al que se prevé añadir un nuevo gravamen a los diesel.

Por otra parte, el consejero, quien incidió en la conveniencia de convocar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, confió en recibir pronto respuesta del Ministerio de Hacienda para el pago de la liquidación del IVA pendiente de 2017 para dar cumplimento a lo resuelto por el Tribunal Supremo después de que la Junta llevase ante la Justicia la negativa del Gobierno a su abono. «La sentencia –dada a conocer el pasado 19 de abril– es muy clara», señaló. «La Junta tiene que recibir» esa cuantía, pues es un dinero que pagaron los castellano y leoneses y «tiene que revertir» a la Comunidad.

Con «mano tendida», Carriedo llamó a acordar la cantidad que deben percibir, pues el fallo del Alto Tribunal

«no determina» a cuánto asciende, ya que sólo cuenta con la estimación de la Junta –182 millones de euros–, pero no lo que calcula el Gobierno que se adeuda, que consideraba que era «cero». Eso sí, lo que «no es negociable», incidió, es que se debe abonar, además de imponer al Estado el pago de los intereses de demora hasta el momento de abono.

En esos 182 millones que reclama, la Junta incluye la parte no abonada por el IVA de diciembre de 2017 y que asciende a 142 millones de euros, más la parte proporcional de los ingresos tributarios que se cede a las comunidades, a las que el fallo del Supremo a favor de Castilla y León abre la puerta a tener que recibir del Gobierno más de 4.000 millones.