El subdelegado del Gobierno en Valencia cae en una operación contra la corrupción
▶ El dirigente del PSOE fue detenido ayer acusado de cobrar comisiones
La lacra de la corrupción golpea de nuevo la política valenciana y en esta ocasión lo hace de lleno contra el presente del PSOE y el pasado del PP. La Guardia Civil detuvo ayer al subdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, en el marco de la operación Azud en la que un juzgado de la capital del Turia y la Fiscalía Anticorrupción investigan una presunta trama de corrupción urbanística y el cobro de mordidas.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) también arrestaron al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, antiguo dirigente del PP y número dos durante años de Rita Barberá, así como a una de sus hijas, y al empresario Jaime María Febrer. Entre los arrestados también se encuentra el abogado y director jurídico de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra, José Luis Vera, a quien los investigadores sitúan como el contacto de Rubio con la trama corrupta.
Contratistas municipales
La causa que se investiga desde 2017 en el juzgado de instrucción número 13 de Valencia permanece bajo secreto de sumario y está abierta por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. La operación Azud comenzó a raíz de la detención en 2019 del cuñado de Rita Barberá, el abogado José Luis Corbín. Los investigadores creen que el letrado era el encargado de canalizar el cobro de comisiones ilegales a contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Las mordidas que se investigan se habrían producido entre 2005 y 2010. Rubio fue portavoz del grupo socialista en el Consistorio de la capital del Turia entre 2003 y 2007 y sustituyó al actual ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como secretario general del PSPV-PSOE en la ciudad de Valencia.
En un escueto comunicado, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, anunció ayer el «cese inmediato» de Rafael Rubio, que llegó al cargo en el verano del año pasado, y mostró su «respeto a la actuación llevada a cabo por la Justicia».
En paralelo, el PSPV-PSOE anunció que activaba el proceso para suspender de militancia a Rafael Rubio, un dirigente histórico de los socialistas valencianos, tras tener conocimiento de la operación judicial.
Las detenciones de Rafael Rubio, hasta ayer alto cargo del Gobierno socialista y exconcejal, y de Alfonso Grau son fruto del estudio de la documentación intervenida en la primera fase de la operación Azud. Según la investigación de la UCO, los políticos implicados podrían haber obtenido beneficio económico a cambio de adjudicaciones inmobiliarias de suelo público tanto para infraestructuras como para promociones de vivienda protegida.
De acuerdo con las pesquisas, los sobornos percibidos habrían alcanzado entre el millón de euros en el caso de Grau y los 300.000 en el de Rubio. La implicación de este último se remonta a su etapa en la que era concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia y se habrían producido las irregularidades que ahora se investigan.
El hasta ayer subdelegado del Gobierno en la provincia tiene otra causa judicial abierta en el conocido como caso Imelsa por la contratación de personas que cobraban un sueldo pero no acudían a trabajar en la Diputación de Valencia. Pese a su imputación judicial, el pasado verano fue nombrado subdelegado del Gobierno.
La causa abierta desde 2017 por la
Cuando José María Corbín, cuñado de la fallecida Rita Barberá, urdió una trama que hizo del tercer ayuntamiento de España un templo de la mordida sin distinción de color, dirigentes que hoy manejan presupuestos públicos millonarios y hasta deciden candidatos se lamían las heridas en algún bistró decadente del Carrer d’en Llop de la Ciudad del Turia a la espera de tiempos mejores, ajenos –no sé si a su pesar– a ese tipo de mejunjes que denigran la política valenciana desde los tiempos de la Reinaixença. que fue detenido ayer Rubio investiga presuntas comisiones con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado, entre otros, al bufete del letrado José María Corbín. La investigación sitúa en el epicentro de la trama al empresario Jaime María Febrer, cuya compañía, Construcciones Valencia Constitución, fue disuelta por un juzgado tras un proceso de liquidación. En el punto de mira de la UCO se encuentra una operación por importe de 300 millones de euros para la adquisición de unos terrenos en la zona donde se celebró la Copa América de vela en Valencia. Los investigadores creen que Febrer habría adquirido derechos de construcción sobre parcelas de suelo público al aprovecharse de la trama de presuntos amaños que ha terminado con su detención y la de Rubio y Grau.