Botín se revuelve contra Orcel: «El contrato no se perfeccionó»
▶ Ambos se vieron ayer las caras en el juicio por el fichaje frustrado del banquero italiano
Solo cuatro butacas separaban ayer a Ana Botín, presidenta de Banco Santander, y Andrea Orcel, quien iba a ser su consejero delegado, en el juicio por el fichaje frustrado de este último en 2019. Una distancia física de dos o tres metros que era un abismo en términos jurídicos. Solo Botín saludó; el resto de la sesión no cruzaron mirada. Sus problemas solo pueden solucionarse en una sentencia para la que aún queda tiempo tras un nuevo aplazamiento para que testifiquen presencialmente otras dos personas.
La guerra fría entre las partes fue subiendo de temperatura poco a poco. La defensa de la entidad criticó que el banquero italiano modificara sus pretensiones solo 36 horas antes del juicio: pasó de reclamar 112 millones de indemnización a 76 millones, por haber fichado hace poco como consejero delegado de UniCredit. Y ayer el abogado de Orcel confirmó que renunciaba a su otra intención, la de acceder al cargo de CEO de Santander.
El caso se remonta al último cuatrimestre de 2018. El Santander aprobó y entregó a Orcel una carta-oferta para su fichaje como número dos, y luego desistió de su intención en enero de 2019 por la «inaceptable» retribución a la que tenía que hacer frente para contratarle, principalmente por el ‘buy out’, un bonus de retribución diferida que le correspondería por su etapa en UBS, donde era el banquero estrella, que se cifró en torno a 35 millones de euros y del que la entidad de origen cántabro habría estado dispuesta a asumir alrededor de la mitad. El banco entiende que simplemente hubo una carta-oferta, mientras que el italiano estima que existió un contrato.
Botín declaró en representación del Santander. Lo hizo sintiendo el aliento de Orcel, pero no se amilanó ante los ataques de su defensa, que fue incisiva con las preguntas hasta el punto de no dejar hablar en varias ocasiones a la presidenta del Santander. Momentos tensos que se saldaron con la intervención del juez, que llamó la atención al abogado y pidió a Botín que se explayara cuanto necesitara.
«El nombramiento no se hizo efectivo, el contrato no se perfeccionó», dijo la presidenta de la entidad de origen cántabro. Argumentó que solo se llevó a cabo una carta-oferta en la que se dejaba para más adelante la concreción total de la retribución –principalmente el bonus–. Afirmó que se trataba de un «nombramiento sujeto a condiciones», como la aprobación de los órganos sociales y del regulador. Además, acusó a Orcel de incumplir su compromiso de intentar forzar a UBS a que pagara parte del controvertido y elevado ‘buy out’ que dio al traste con el fichaje.