Y con el Instituto Carlos III llegó el caos
El Ministerio de Sanidad se ha empecinado en imponer una solución en contra del criterio de la Agencia Europea del Medicamento. Lo hace con el aval de una investigación menor que no responde a las principales dudas
Siete semanas ha tardado el Ministerio de Sanidad en decidir qué hacer con los casi dos millones de trabajadores esenciales menores de 60 años que recibieron una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Todos se quedaron a mitad de tratamiento, cuando se halló un vínculo entre la aparición de trombos y el medicamento de la farmacéutica anglo-sueca. Profesores, guardias civiles, militares... de toda España han esperado pacientemente una solución mientras el mundo científico tenía claro que debía completarse el tratamiento con la misma vacuna. Lo reclamaban sociedades científicas en España, pero sobre todo ya había despejado dudas la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el faro que debería regular este tipo de decisiones. No eran solo opiniones si no la certeza que dan millones de dosis puestas en el mundo. Los beneficios siempre superaban los posibles riesgos, se determinó.
El Gobierno decidió ignorar estas recomendaciones y quiso buscar su propia verdad. El Instituto de Salud Carlos III, con Raquel Yotti al frente, emprendió un estudio para saber si otra vacuna diferente, la de Pfizer, podía ser una buena opción para quienes se habían quedado en el limbo de AstraZeneca. Y se lanzó a hacer un estudio exprés con una muestra de 600 voluntarios. A 400 de ellos se les inoculó la de Pfizer y a las otras 200 no se les administró ninguna vacuna como segunda dosis.
El martes se anunció a bombo y platillo con la conclusión de que era una estrategia segura e incluso más eficaz. Lo cierto, es que con una muestra de este tamaño, se pueden detectar efectos secundarios frecuentes o muy frecuentes, pero no los menos habituales. Esas complicaciones raras pero
graves como los trombos por los que precisamente se ha puesto en jaque a la vacuna de AstraZeneca. No se puede concluir, por tanto, que combinar fármacos sea una opción segura. Tampoco se puede afirmar que esta estrategia sea más eficaz porque la investigación española no ha podido estudiarlo. Solo ha comprobado que provoca una respuesta inmunitaria más potente que no vacunar con nada. Algo que ya era previsible. Así que el dilema de cuál es la mejor opción para estos dos millones de españoles sigue aún sin certezas de peso. Se tendrán cuando empiecen a salir los resultados de otros estudios más amplios, como los que coordina la Universidad de Oxford.
La propuesta de Raquel Yotti, con la complicidad de La Moncloa, no solo ha retrasado la respuesta del Ministerio de Sanidad, también ha añadido aún más caos al debate. Este estudio sobraba y más cuando la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido la estrategia de mezclar vacunas por ser también la apuesta de países como Francia, Alemania o Finlandia.
La decisión de Sanidad ha provocado un cisma en el Consejo Interterritorial de Salud. Y no solo con las comunidades gobernadas por el PP. No ha conseguido que feudos socialistas como Castilla-La Mancha o Aragón le apoyaran en una decisión equivocada. Su salida ha sido dejar una puerta abierta y dar la opción de ponerse una segunda dosis de la polémica AstraZeneca si el paciente, así lo decide de forma voluntaria y previo consentimiento informado.
Esta fórmula le ha permitido apaciguar críticas sin renegar de su primera opción. Aunque este ministerio al que tanto le cuesta decidir, espera también la opinión del Comité de Bioética de España. Necesita saber si es aceptable que solo un grupo de españoles puedan elegir su vacuna cuando al resto de españoles se les hurta esa opción.
Obcecación Raquel Yotti ha buscado certezas científicas españolas, como si la respuesta de la EMA no bastara