Artículo 49, de la discapacidad El Consejo de Estado ve «perturbadora» la reforma constitucional de Calvo
▶El anteproyecto alude a la titularidad de los derechos de las personas con discapacidad y no a su ejercicio ▶El borrador de La Moncloa contenía aspectos «perniciosos, ociosos, inconvenientes» y que generaban «problemas de constitucionalidad»
l Ejecutivo vuelve a ignorar recomendaciones del Consejo de Estado y esta vez ante la que será la tercera reforma de la Constitución desde 1978. El órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega emitió el pasado 28 de febrero un informe de 29 páginas sobre el anteproyecto de modificación del artículo 49 avalando la sustitución del término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’, pero advirtiendo de la necesidad de introducir cambios en la propuesta del Gobierno para evitar un resultado «perturbador».
El Consejo de Estado insistió en la conveniencia de sus enmiendas para la «correcta redacción» del texto, «idoneidad a los fines que se propone», «mejora y perfeccionamiento», pero el Ejecutivo admitió menos de la mitad de sus propuestas.
E«Enunciado ocioso»
Así, el Consejo de Estado alerta con vehemencia pero sin éxito sobre el apartado cuarto. Su enunciado establece que las personas con discapacidad gozarán de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España, pese a que el órgano consultivo avisa de que esta redacción «resulta ociosa además de perturbadora». «No es necesaria ni conveniente por razones de técnica normativa», advierte, recordando que los derechos reconocidos en los tratados internacionales están ya garantizados.
El resultado, subraya el Consejo de Estado, es «una mención que contrasta con su omisión en muchos otros preceptos constitucionales en los que tendría la misma cabida». «Las disposiciones constitucionales no deben tener por función el recordatorio de que la materia a que se refieren está ampliamente afectada por la vigencia de instrumentos
Las claves del dictamen
internacionales», abunda, reclamando la eliminación total de este apartado.
Reforma «subjetiva»
Según fuentes de La Moncloa, estas advertencias fueron desechadas porque «ha sido mediante la ratificación de los tratados internacionales como se han producido los mayores avances en este campo». También argumentan que el Tribunal Constitucional ha señalado la «especial relevancia exegética» de la Convención de 2006 sobre la prohibición de discriminación por razón de discapacidad.
Además del apartado cuarto, el primero y el tercero tampoco experimentan los cambios reclamados por el Consejo de Estado. Así, este órgano rechaza que se proclame la titularidad de los derechos y deberes constitucionales de las personas con discapacidad. Un enunciado que «parece sugerir» que sin este reconocimiento expreso esa titularidad «no tendría lugar, cuando es evidente que cualquier persona por el mero hecho de serlo es titular de los derechos y deberes constitucionalmente reconocidos».
El órgano consultivo subraya también que el artículo 49 «no es el lugar» para esta proclamación por su pertenencia al Capítulo III, sobre los principios rectores de la política social y económica. «No corresponde hacer una declaración con ese contenido», insiste, pidiendo una reformulación y fusión de los apartados primero y tercero. Una consideración que el Gobierno tampoco atiende.
El motivo, según fuentes de La Moncloa, es superar «el enfoque clásico de la regulación» y sustituir «la perspectiva objetiva de las políticas sociales por una visión subjetiva en la que pasan a primer plano los colectivos a quienes se dirigen». Sin embargo, distintos juristas consultados por ABC coinciden con la posición del Consejo de Estado. Entre ellos, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Javier García Roca, también director del Instituto de Derecho Parlamentario.
«El problema que se plantea a las personas con discapacidad no es la titularidad de sus derechos sino su capacidad de obrar, el ejercicio de los mismos. Tiene razón el Consejo de Estado en su razonamiento jurídico», subraya este jurista. El Consejo de Estado también advirtió que el borrador del Gobierno constitucionaliza la participación