Sobre el borrador
El borrador remitido por La Moncloa contenía aspectos perniciosos, ociosos, inconvenientes y que generaban problemas de constitucionalidad, según el órgano consultivo.
Enmiendas parciales
El Consejo de Estado detectó problemas en los cuatro apartados del nuevo artículo 49 y plantea cinco grandes cambios. Calvo admitió dos.
Subjetividad
El Consejo de Estado advierte que el primer apartado debe referirse al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y no a su titularidad. El Gobierno rechaza este argumento jurídico defendiendo la introducción de una «visión subjetiva».
Recordatorio
Sobre el cuarto apartado, el órgano consultivo propone directamente su eliminación por ser «ocioso y perturbador» al recordar el mandato de los tratados internacionales. La Moncloa desoye esta recomendación subrayando la importancia de los tratados internacionales. El Consejo de Estado también propone la fusión de los apartados 1 y 3, pero esta propuesta también es desechada. de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en la adopción de las políticas públicas. Algo que la Carta Magna no contempla de manera expresa para ninguna otra política concreta sujeta a protección como familias, niños, defensa medioambiental o promoción de la juventud. Tampoco lo hace en la configuración de los derechos y libertades, la enumeración de los deberes o el diseño de los principios rectores. «Ni siquiera en los ámbitos en los que podría resultar idónea la representación e intervención del colectivo implicado (el constituyente) contempló de manera expresa ni la obligatoriedad de su audiencia ni la colaboración de las políticas que les atañen», advierte el dictamen. «El único supuesto en el que el texto constitucional hace referencia a las organizaciones representativas es el concerniente a los consumidores y usuarios», subraya.
Borrador «pernicioso»
El Consejo de Estado abunda en que no procede esta constitucionalización, recordando que la legislación vigente «contempla ya de manera extensa» la participación de estos colectivos en las políticas públicas. Para solventar el dislate, el órgano consultivo propuso incluir una remisión a las leyes vigentes, para definir la participación de las organizaciones representativas y evi