El Supremo prevé informar sobre los indultos del ‘procés’ a finales de semana
▶ El ministro Campo pide «serenidad» y abre la puerta a su concesión: «Hay que verlo con naturalidad» «El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento; reitero, su íntegro cumplimiento»
Conformado ya el nuevo Gobierno de la Generalitat con la alianza de ERC y Junts, y Pere Aragonès como nuevo presidente, la sombra de los indultos a los presos del ‘procés’ vuelve a planear sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según ha podido saber ABC de fuentes del Tribunal Supremo, los magistrados que juzgaron a los líderes independentistas prevén informar sobre la concesión de esta medida de gracia a finales de esta semana, con lo que, culminado este trámite, ya será el Gobierno central el que maneje los tiempos. Por lo pronto, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, deberá elaborar una propuesta sobre cada uno de los expedientes y llevarlo al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra sobre su concesión.
El propio Campo parece ser consciente de la tormenta política que se avecina. Horas antes de que el PP, Ciudadanos y Vox advirtieran de que no se quedarán de brazos cruzados si el Gobierno los concede, el ministro pedía ayer «serenidad» en torno a este asunto, pero a la vez dejaba la puerta abierta a que el Ejecutivo otorgue esta medida de gracia a los condenados por sedición. «Es un instrumento previsto en la ley que hay que ver con naturalidad, sea favorable o desfavorable, total o parcial», señaló Campo durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. El ministro sostuvo que «sería irresponsable» hacer un pronunciamiento en este momento, antes de que el Tribunal Supremo haya emitido el último informe con el que se completarían los trámites legalmente previstos. Recordó, además, que no caben los indultos colectivos y que los expedientes y los informes que los acompañan tienen que ser estudiados «de forma individual».
Durante su intervención, Campo se refirió también a la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al que pidió «visión de Estado» y que su gestión «permita rebajar la tensión política». Ante una eventual reedición del ‘procés’ –«culminaré la independencia de Cataluña», proclamó en el Pleno del Parlament el sustituto de Torra el pasado jueves–, el ministro recordó que los planteamientos políticos hay que hacerlos dentro del «orden constitucional».
Lejos de plantar cara a la nueva hoja de ruta secesionista que el nuevo gobierno autonómico no oculta, el Ejecutivo de Sánchez estaría dispuesto en estos momentos a rebajar la tensión en Cataluña perdonando a los condenados por sedición parte de la condena que les queda por cumplir. Se trataría de un gesto de «buena voluntad» que no se puede separar de la necesidad del Gobierno central de seguir contando con el apoyo de ERC en un momento especialmente complicado, en el que las encuestas dan la mayoría absoluta a la suma de PP y Vox.
«Justicia y equidad»
Sin embargo, para el Ejecutivo tendrá un coste político tener que explicar a la opinión pública una nueva rectificación del presidente Sánchez, que hace apenas un año y medio garantizó que los presos del ‘procés’ cumplirían de manera íntegra sus penas. «El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento; reitero, su íntegro cumplimiento (...) Nadie está por encima de la ley», dijo el jefe del Ejecutivo en una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.
Tampoco será fácil para el Ejecutivo explicar la oportunidad de la medida, que debe responder a «razones de justicia y equidad». La Fiscalía ya dejó claro en sus informes sobre los indultos del pasado 22 de diciembre que no ve ni unas ni otras, y rechazó que «las motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos» puedan «servir para adecuar las penas previstas con carácter general por el legislador al caso concreto». «Eximir de responsabilidad, por esta vía del indulto, a quienes valiéndose de las funciones públicas de gobierno han quebrantado gravemente las leyes a través de la ejecución de unos compor
El presidente del tribunal del ‘procés’, Manuel Marchena. Abajo, el ministro Juan Carlos Campo tamientos delictivos extraordinariamente graves (...), además de vaciar de contenido la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias, supone una quiebra inadmisible en términos de legalidad democrática del principio de igualdad ante la ley al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante desleal y corrupto», señaló entonces el Ministerio Público. Del informe del Supremo se espera más de lo mismo: el rechazo a su concesión, en coherencia con los argumentos que utilizó para revocar el tercer grado con el que la Generalitat obsequió a los presos del procés a las puertas de la campaña electoral del pasado 14 de febrero. Para el Alto Tribunal los condenados por sedición «dinamitaron la convivencia democrática», y todo lo que sea ponerles en libertad en este momento resulta prematuro. Como informó ABC, un 98 por ciento de los indultos otorgados en los ejercicios 2018 y 2019 los expedientes contaron al menos con un informe favorable del tribunal sentenciador o del Ministerio Fiscal, y en el 69 por ciento, con ambos. El año pasado no se concedió ningún indulto con tribunal y Fiscalía en contra. El PP ya ha anunciado que si el Gobierno los concede recurrirá ante la Sala Tercera del Supremo.