El consejo planta cara a La Moncloa y logra demorar el relevo de Abril-Martorell
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de otra forma como momento dulce.
Que la buena entrada del PSC se produzca tanto en los nombramientos más obvios como en otros que a menudo pasan desapercibidos, como es el de las empresas estatales, responde también al talante con el que el PSC afronta su relación actual con el PSOE, con naturalidad, pero haciendo valer su recuperado peso.
En paralelo, el hecho de que el desembarco en las empresas estatales se esté produciendo en el sector de las infraestructuras es relevante en una región donde este es un tema sensible. En este contexto, el nombramiento que ha adquirido un mayor protagonismo es el de Maurici Lucena en AENA. El ente promueve una ampliación del aeropuerto de Barcelona, en paralelo a la de Barajas, que no ha sido bien acogida ni por los ayuntamientos vecinos ni por el de Barcelona, con la alcaldesa Colau en contra por su impacto ecológico. Tampoco desde la Generalitat se apoya una ampliación que, por contra, sí cuenta con la adhesión de los agentes económicos de la ciudad, que ya han anunciado movilizaciones.
Está por ver cómo se resuelve este enfrentamiento, porque el directivo ya ha amagado en un par de ocasiones con abandonar el puesto que ocupa en el gestor aeroportuario. La primera se produjo en pleno periodo electoral, cuando Illa anunció que confiaría en él como vicepresidente económico si era nombrado presidente de la Generalitat. Y la segunda ha sido recientemente, cuando el exportavoz del PSC entró en las quinielas como posible sustituto de Abril-Martorell.
Apuesta por Renfe
El debate medioambiental entre AENA y la Administración (tanto catalana como central) ha encumbrado a otra empresa pública en manos de un antiguo dirigente del PSC: Renfe. El operador ferroviario, presidido por Isaías Táboas, se ha convertido en un eje de la transición ecológica del Gobierno, que pretende fomentar el uso del tren en detrimento del avión para reducir las emisiones anuales de CO2.
El año pasado, ese ‘apoyo’ se tradujo en una transferencia del Ejecutivo al operador ferroviario de casi 1.500 millones de euros. ¿El concepto? Una compensación por la explotación de las líneas de obligación de servicio público (Cercanías y media distancia) que opera Renfe y que pese a ser deficitarias son imprescindibles para la vertebración del territorio nacional. El Estado realiza aportaciones de este tipo todos los años, pero lo cierto es que la de 2020 fue casi un 20% más alta que la de 2019. Un ‘empujón’ financiero que representó casi la mitad de los ingresos de Renfe, según las cuentas provisionales de la compañía.
Hispasat, por su parte, no alcanza las cifras de facturación y empleo del resto de empresas, pero es incluso más estratégica, porque controla los satélites de telecomunicaciones españoles. Hace tres años, el Gobierno bloqueó la opa de Atlantia por Abertis porque esta última poseía el 89% de Hispasat. Finalmente, la italiana –que compró Abertis junto con ACS– sacó adelante la operación al comprometerse a vender la participación, que acabó en manos de la pública Red Eléctrica de España (REE). Con el operador de satélites en sus tripas, la empresa controlada por la SEPI impulsó el nombramiento del exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, como presidente de Hispasat.
Rebelión en el consejo de administración de Indra. De momento, no hay relevo aún en presidencia. Hoy, lo mismo, será otro cantar. Aunque no es fácil. La decisión no tiene todos los visos de ser acordada al cien por cien por parte de todos los consejeros. El Gobierno Sánchez quería materializar ayer mismo el cambio de Fernando Abril-Martorell por el ingeniero industrial Marc Murtra, para frenar la sangría bursátil de la acción –con una caída del 12% en dos sesiones, y más de un 4,7% ayer– , pero no fue. No coló como pretendían.
Y es que según ha podido saber ABC, los accionistas están pidiendo explicaciones «por el perfil político» y por la «escasa cualificación técnica» del candidato a presidir la empresa estratégica española y no van a dar su brazo a torcer si no les convencen las razones. Las mismas fuentes aseguran a este periódico que los consejeros efectuaron durante todo el día de ayer rondas de contactos profesionales para recabar información sobre el nuevo ejecutivo y reforzar su convicción de que necesitan garantías de que Indra se gestionará de manera profesional y no «como otro satélite monclovita».
La decisión se traslada ahora a una nueva reunión del consejo hoy martes, cuando de nuevo está previsto que la comisión de nombramientos dé luz verde al nombramiento del nuevo presidente. La comisión en cualquier caso, añaden las fuentes, tendrá que elaborar un informe sobre Murtra para poder presidir la compañía y posteriormente elevar su propuesta al consejo.
La reunión comenzó a primera hora de la mañana de ayer después de que el accionista mayoritario –la SEPI, con el 18% de la compañía– propusiera el pasado viernes el relevo de Abril-Martorell, con el objetivo de poner al frente a una persona más afín al Gobierno socialista. No en vano, Marc Murtra ha ocupado cargos tanto en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como en el Ayuntamiento de Barcelona con el también socialista Joan Clos.
La comisión de nombramientos de Indra está integrada por cinco miembros, de los que tres son consejeros independientes (Alberto Terol, Ignacio Martín e Isabel Torremocha) y dos consejeros dominicales: Santos Martínez-Conde, nombrado a propuesta de Corporación Financiera Alba, y Antonio Cuevas, nombrado a propuesta de la SEPI. Una vez que esta comisión eleve su propuesta al consejo y este, a su vez, dé luz verde al nombramiento, será la junta de accionistas del grupo, prevista para el 30 de junio, la que ratificará o no al nuevo presidente.
Los analistas de Bankinter creen que la revolución en Indra puede poner en jaque su presencia en el Ibex 35. El comité del selectivo se reunirá a principios de junio para analizar cambios en el índice.