Los servicios sociales sacan un notable y consolidan la tercera mejor nota del país
▶ El gasto por habitante pasa en siete años de 353 euros a 455 euros, 50 más que la media ▶ La Junta ve avalada su gestión y apuesta por «su mejora y modernización»
Castilla y León «sigue ocupando un lugar destacado en la clasificación de las comunidades en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, solo superada por el País Vasco y Navarra; lo que supone que obtiene la mejor calificación entre las Comunidades de Régimen Común». Así lo recoge el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que otorga a la gestión autonómica en este área un notable por un modelo «muy equilibrado», que «incluso ha mejorado desde su aplicación» y que tiene a la dependencia y al porcentaje de plazas residenciales públicas como ejemplos de los «aspectos positivos» más destacables, aunque no evitan que también se detecten déficits: la teleasistencia y la ayuda a domicilio serían, así, las asignaturas a recuperar.
En las tres aplicaciones del Índice de Desarrollo de Servicios Sociales desde 2017, cuando dio el salto al notable, Castilla y León ha mantenido un «nivel muy estable» en su calificación global, si bien en este último examen baja dos décimas. Su posición le asegura, aún así, con un 7,3, un tercer puesto y una considerable distancia respecto al resto de comunidades, seis de las cuales suspenden. La siguiente mejor nota es Asturias, con un 6,2 y la media española es de un aprobado justo en este último informe que, aunque se remite a 2020, no ahonda en los efectos del Covid, sino que hace una radiografía del sistema en el momento en el que comenzó la pandemia. Será en próximas ediciones cuando se valore la capacidad de respuesta.
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destacan en particular cómo Castilla y León «ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, una gran eficiencia del sistema», que se atribuye a la colaboración y al «protagonismo» que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios. En concreto, el desembolso por habitante al año ha pasado de 353,0 euros en 2012 a 455,8 en 2019 – la media estatal es de 406,3–; y el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total se ha elevado del 8,5 por ciento al 11,2 en esos siete años, siendo de un 9,95 la tasa actual en el conjunto de España.
Uno de los puntos fuertes del sistema es la atención a la Dependencia, en la que el modelo de Castilla y León obtuvo un sobresaliente, la nota más
El estudio destaca la gran «eficiencia del sistema» y el «protagonismo» de las entidades locales
alta del país, en el ultimo informe al respecto elaborado por esta misma agrupación profesional. No en vano la tasa de desatención a este colectivo en Castilla y León es del 0,1%, frente al 17,1% de media estatal.
Respecto a los mayores destaca también el informe el volumen de plazas residenciales de financiación pública. Con un 6,3 por ciento, Castilla y León tiene el porcentaje más elevado en esta materia, muy por encima del conjunto estatal (2,7%). En este escenario, apuntan que el «reto» es la «adecuada distribución» de las mismas, de manera que se ubiquen allí donde existe la demanda, evitando el desarraigo de las personas mayores de su localidad y, muy especialmente, «liderar el cambio de modelo que la sociedad está demandando». A este respecto, las directoras y gerentes de servicios sociales apuntan a que el anteproyecto de Ley recientemente presentado del modelo residencial «puede ser una oportunidad para ello, con la contribución de todos los sectores implicados».
Junto a la Dependencia y las plazas para mayores destacan otros puntos como las rentas mínimas de inserción, que alcanzan al 10,7% de las personas bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León, frente al 7,9% de media estatal, aunque la cuantía que se percibe es menor que en el conjunto del país; los acogimientos familiares para menores, que alcanzan casi seis de cada diez, frente al 50% nacional; una cobertura de servicios residenciales, diurnos y ocupacionales para personas con discapacidad que cuadriplica en plazas por habitante a la media de comunidades; las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con una tasa que en este caso es del doble que la española; y los alojamientos