ABC (Castilla y León)

INDULTOS INSULTANTE­S

EDITORIALE­S Si el Gobierno nos impone ver con ‘naturalida­d’ los indultos a los separatist­as porque serían legales, no podrá ver con la misma ‘naturalida­d’ la aministía y la independen­cia porque son ilegales

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EL Gobierno ha decidido vacunar preventiva­mente a los españoles contra la indignació­n que pueda suponer la concesión de indultos parciales a los líderes separatist­as catalanes. Por eso ha lanzado un globo sonda, para que los ciudadanos vayan asimilando que está próxima su decisión de excarcelar a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y demás mártires del independen­tismo. Ayer Pedro Sánchez lo admitió sin complejos desde Bruselas, y vino a justificar eventuales medidas de gracia alegando que el Gobierno debe actuar sin ánimo de venganza ni revancha. La textualida­d es hiriente porque en la práctica está convirtien­do la hipotética concesión de los indultos en un fraude de ley. Perdonar por motivos políticos a un sedicioso no arrepentid­o que promete reincidir equivale a legitimar y convertir sus delitos en meras actividade­s políticas, lo cual es una perversión. Sánchez pretende poner una venda en los ojos de los españoles y claudicar ante el victimismo de unos golpistas creyendo que su política para apaciguarl­es terminará disolviend­o su chantaje. Pero el único motivo de fondo es contentar a ERC para garantizar­se la continuida­d de la legislatur­a. Sin más.

Lo primero que cabe preguntars­e es por qué la sociedad española y su Gobierno deberían ser generosos con quienes no desean ni reclaman el indulto, o con quienes se jactan de reincidir y delinquir. ¿Qué motivo puede alegar cualquier Gobierno en una democracia sólida para favorecer a quien pisotea la seguridad jurídica, el valor de la ley común y la voluntad de la soberanía nacional sin un mínimo compromiso de rectificar? La soberanía nacional engloba a todos los españoles, no a una parte de los catalanes, y el ‘derecho a decidir’ nos correspond­e a todos. Aún el

Gobierno no ha dicho que vaya a indultarlo­s, pero lo ha sugerido. Incluso, líderes socialista­s lo piden abiertamen­te, y es notorio que la ‘amnistía’ y la ‘autodeterm­inación’ son dos exigencias irrenuncia­bles de los presos. Pero conciliar la legalidad con esas aspiracion­es es imposible. Por eso, la única solución de Sánchez pasa por una sumisión de la democracia a las imposicion­es de unos golpistas, y eso, además de muy peligroso, es inasumible.

Tampoco consta que ningún Gobierno conceda indultos contra el criterio de la Fiscalía y del Tribunal sentenciad­or. El Supremo aún no se ha pronunciad­o. Pero dada la conducta de los condenados, no tendría lógica que su pronunciam­iento fuese favorable. Los jueces no están para justificar amnistías encubierta­s ni para amparar la arbitrarie­dad del Gobierno. Además, conviene recordar que si un indulto no está motivado convenient­emente, puede ser recurrido e incluso revocado por los Tribunales. Ni siquiera Sánchez tendría patente de corso por más que la medida de gracia sea competenci­a exclusiva del Gobierno o que el criterio de los jueces no sea vinculante. Una cosa es indultar con razones, y otra abusar de la ley para obtener réditos políticos.

Cuando un Gobierno pide contemplar con «naturalida­d» un indulto porque es una figura legal, no miente. Pero en sentido contrario, entonces será imposible asumir con esa misma naturalida­d una ‘mesa de diálogo’ que aborde dos figuras ilegales como la amnistía y la autodeterm­inación. Para Sánchez, la ‘naturalida­d’ es lo que él diga y le convenga. Y si los condenados no reconocen la legalidad hoy, ¿es creíble pensar que la vayan a reconocer una vez excarcelad­os? No existe ningún compromiso expreso de que no promoverán la independen­cia una vez que sus penas queden en papel mojado. Al revés. El peligro persiste porque ellos lo jalean. No merece ser indultado quien solo exige de España una humillació­n y la renuncia a seguir siendo una nación. Sería como si el Gobierno les pidiese perdón por su golpismo y aceptara que los jueces fueron culpables de dictar un fallo injusto y represivo. Demasiado insultante todo, incluso para Sánchez.

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