El PP denuncia a Tezanos, que podría perder su cargo en el CIS
▶ Tachar de tabernarios a los votantes del PP vulneraría las leyes de altos cargos y transparencia
ro. «Son fallos que denotan descuido, negligencia a la hora de hacer las cosas bien hechas, y también una falta de control por parte de la universidad», insiste Hernández.
El análisis que hizo en 2018 coincide en buena forma con el que a posteriori ha realizado el ingeniero de Montes y decano del Colegio de Castilla y León Alfredo Rodríguez, y que ha llevado el caso al Comité Permanente de Integridad Académica de la Universidad Camilo José Cela, tal y como informó ABC el lunes. «Celebro que se sumen más denuncias aparte de la mía. Es una vergüenza que no haya habido una reacción mucho más contundente por parte de la comunidad universitaria», explica Hernández.
Contencioso Administrativo
Concienzudo, metódico, con décadas de experiencia en tribunales universitarios, el profesor Hernández, que ha desarrollado su carrera docente en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ya apuntaba en 2018 que «en las tesis de Sánchez hay centenares de erratas». «Se confunden símbolos y conceptos de manera indiscriminada. Es grave quebrar el principio de coherencia interna que debe estar presente en toda tesis», añadía Hernández en 2018 y confirma ahora en la misma línea el análisis de Alfredo Rodríguez. Otros errores detectados se dirían casi de principio. «Sánchez cita el artículo 149.3.1 de Constitución, y ese artículo no existe. Entiendo que alude al 149.1.3ª», añade Hernández, convencido de que «desde un punto de vista jurídico, los errores formales detectados y la inacción de la universidad darían pie a acudir al Contencioso Administrativo».
El escándalo de la tesis de Pedro Sánchez fue destapado por ABC en septiembre de 2018, documentando plagios y otras irregularidades académicas, y poniendo luz sobre el sistema implantado para doctorar profesores por la vía rápida, entre ellos el actual presidente del Gobierno, el doctor Sánchez.
Hablar de forma despectiva sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y llamar tabernarios a sus votantes antes del 4M le puede salir caro al presidente del CIS, José Félix Tezanos. Según ha podido saber ABC, el Grupo Popular ha presentado dos denuncias contra su conducta ante el Consejo de Transparencia y el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, por «claro y grave incumplimiento de sus obligaciones». En concreto, de la Ley del Ejercicio del Alto Cargo que somete la labor pública a los intereses generales y a la objetividad, mandatando que cualquier decisión se adopte «al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan estar en colisión con este principio».
La Ley de Buen Gobierno apoya que los altos cargos deben conducirse con imparcialidad, manteniendo «un criterio independiente y ajeno a todo interés particular», pero añade las obligaciones de desarrollar «una conducta digna», «tratar a los ciudadanos con esmerada corrección», «asegurar un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo» y no implicarse en actividades «incompatibles con sus funciones».
Inhabilitación
El régimen sancionador por vulnerar estos mandatos está perfectamente tasado. El artículo 29 de la Ley de Buen Gobierno tipifica como infracción muy grave «la violación de la imparcialidad utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales». Y el artículo 30 establece que se sancionará al infractor declarando su incumplimiento y publicándolo en el BOE, retirándole la indemnización al cese de su cargo y destituyéndole. Con vistas al futuro, los infractores de carácter muy graves «no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años». Si la infracción se considera grave, la sanción será «alguna» de las dos primeras.
Las denuncias del PP no piden un castigo concreto sino la apertura de un procedimiento sancionador. La comunicación remitida
Infracción muy grave
«Son infracciones muy graves la violación de la imparcialidad, utilizando facultades atribuidas para influir en procesos electorales»
Destitución
«Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen» e inhabilitados de cinco a diez años. Además, serán sancionados con lo previsto para infracciones graves
Sin indemnización y al BOE
La comisión de una infracción grave conllevará la declaración del incumplimiento y su publicación en el BOE o la no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la indemnización para el caso de cese en el cargo a Transparencia subraya que Tezanos intervino «decisivamente y partidariamente» en un proceso electoral. Además de recordar las leyes del Alto Cargo y Transparencia, los populares destacan que el artículo 41 de la Carta de derechos de la UE proclama el «derecho a una buena administración» por parte de las instituciones de la Unión Europea. En cuanto a la denuncia remitida a Iceta, los populares solicitan que la Oficina de Conflicto de Intereses se encargue de instruir el procedimiento sancionador.
El PSOE y sus socios tumbaron ayer en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre la actuación de Tezanos al frente del CIS. La iniciativa había sido impulsada por el PP y su portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, cargó contra el veto por venir a avalar el uso de fondos públicos «con criterio de arbitrariedad» para mayor «descrédito» de la institución y el mantenimiento de ésta «al servicio del PSOE».
Errores El profesor Hernández ya detectó en 2018 al menos 300 errores en la tesis
«No cabe disociación»
Tezanos firmó un artículo en la revista Temas –de la que es editor– sosteniendo que «la mayor parte de los analistas –al menos los que mantienen alguna independencia de criterio– vienen mostrando su sorpresa por la escasa entidad intelectual y política de la candidata». Además, se refirió a Díaz Ayuso como «un globo de aire que no tiene prácticamente nada dentro» y a sus votantes como «un amplio sector social que se nuclea en torno al mundo de las tabernas». A este respecto añadió que «lo que podríamos calificar como la tabernidad ha permitido aglutinar a sectores sociales nuevos junto a núcleos importantes de la derecha tradicional». Aunque este posicionamiento se produjo en un artículo, los populares subrayan que la condición de alto cargo de Tezanos «le impide no solo deontológicamente, sino también legalmente» el «desdoblamiento de personalidad en perjuicio de un rival político». Sus obligaciones «llevan implícitas un deber de inhibición en otras actividades paralelas» sin que «quepa alegar ninguna compatibilidad profesional que le ampare en dichas actuaciones». «No cabe disociación de sus funciones máxime cuando es evidente la existencia de un grave conflicto de intereses entre sus opiniones partidistas y subjetivas y la objetividad que ha de predicarse del cargo que desempeña», remachan. Ahora tanto el Consejo de Transparencia como el ministro de Función Pública deben estudiar las denuncias del PP y pronunciarse. Si deciden desestimarlas deberán argumentar por qué.