Galán se ofrece a declarar en el caso Villarejo para atajar las «sospechas»

▶ El movimiento de Iberdrola se produce cuando Anticorrupción estudia imputaciones

Nadie en la patronal, ni en ninguno de los principales sindicatos duda de que el sistema de los ERTE es un buen mecanismo para sortear –que no para solucionar–, los problemas que causa la caída de la demanda, inducida a su vez por los confinamientos de la pandemia. Y nadie en el Gobierno pone en cuestión que ha sido la mejor arma para minimizar el coste laboral de una situación que tendía al desastre. Así que todos, más o menos, contentos. ¿Entonces? Pues lo que atasca la cuestión consiste en determinar quién paga el roto que está haciendo en las cuentas públicas. Las personas acogidas al sistema no figuran como parados, lo que disfraza la realidad pero alivia las estadísticas, pero alguien tiene que soportar las cotizaciones que corresponden a su puesto de trabajo.

Determinar qué sectores acceden y en qué condiciones son los escollos que, prórroga tras prórroga, han causado retrasos en la negociación. No solo entre los agentes sociales y el Gobierno, sino también dentro de él. Ahora, cuando está a punto de cumplirse el plazo, no es diferente. La parte ‘austera’ del Gobierno, suponiendo que tal cosa exista, encabezada por Escrivá y apoyado por las vicepresidentas Calvo y Calviño y por Montero, pretende reducir la parte que corresponde al Estado y aumentar el peso que soportan las empresas. Idea que la CEOE ve con natural recelo y explicable oposición. Como dice su presidente, Antonio Garamendi, con lógica evidente, si hablamos de prórroga se trata solo de estirar el tiempo, no de cambiar las condiciones. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, se desmarca y apoya a los agentes sociales. Tampoco es una sorpresa. Ha cimentado su popularidad sobre su capacidad de llegar a acuerdos con los agentes sociales y no quiere un final abrupto que ensucie su trayectoria.

De momento no hay acuerdo, pero lo habrá, y se celebrará un Consejo de Ministros, en dos días si hiciera falta, para convertirlo en texto legal ¿Por qué? Por dos razones. El Gobierno no tiene muchos pactos que presentar como activo y nadie dentro de él, –quizás Nadia Calviño, pero solo un poquito–, se asusta con las cifras que adquiere el déficit público. Así que, ¿hay razones para ponerse estricto con el coste de una nueva prórroga? Las hay, pero nadie las considera.

Iberdrola vuelve a pasar a la acción en el caso Villarejo. La energética emitió ayer un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que también fue remitido a la Audiencia Nacional, para poner a sus administradores y empleados –incluida la alta dirección, con el presidente Ignacio Galán a la cabeza– a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6. El objetivo, que acudan a declarar en la pieza separada número 17 del caso Tándem que investiga los contratos de la eléctrica con el polémico comisario.

Este movimiento se produce cuando Anticorrupción estudia pedir más imputaciones, como la de Fernando Becker, bajo cuyo mando estaba el área de Seguridad que dirigía Antonio Asenjo, interlocutor de Villarejo en este asunto. También está sobre la mesa citar al propio Galán, si bien las fuentes fiscales consultadas aseguran que la decisión no está tomada. Explican que no sería de extrañar, habida cuenta de la necesidad de esclarecer su conocimiento de aquellos encargos, como se ha hecho en el resto de piezas separadas de la causa que implican a grandes empresas.

Facilitar el fin del caso

IGNACIO

GALÁN

En su escrito al juzgado y a la CNMV, Iberdrola expresa su interés por «facilitar la finalización de la investigación en curso» poniendo a empleados y administradores a disposición del juez Manuel García Castellón. De paso, denuncia el uso que terceros están haciendo del asunto, que les ha supuesto «un significativo desgaste reputacional» y ha sido «aprovechado por competidores» para «directa o indirectamente» atacar «el buen nombre» de la eléctrica.

«Estas declaraciones e informaciones, ajenas a los intereses de la Justicia, se han dirigido a propagar sospechas sobre la sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores. Dichas actuaciones vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan solo pretenden perjudicar», denuncia Iberdrola.

Es en este contexto, y tras haber realizado auditorías internas y aportado documentación al juzgado, cuando Iberdrola decide «para la mejor protección del interés social», poner «a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del juzgado para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio». El ofrecimiento incluye al propio Galán, de acuerdo a las fuentes consultadas en la compañía.

El escrito recuerda que, pese a todo, el ‘forensic’ independiente encargado para esclarecer los hechos no encontró evidencias de que la contratación y los pagos a empresas de Villarejo hubiesen «infringido los procedimientos de control establecidos» como tampoco indicios «que permitan vincular a terceras personas ajenas a las direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas». Es decir, que se apunta, como viene siendo habitual en el resto de piezas que implican a empresas del Ibex 35 (BBVA, Caixabank, Repsol), a los responsables de dichos departamentos como responsables últimos de las relaciones con Villarejo.

La investigación se inició en noviembre del año 2019, si bien las primeras informaciones al respecto trascendieron en mayo de 2018, con la difusión de los audios que el polémico policía había grabado de sus conversaciones con el que fuera jefe de Seguridad de la energética, Antonio Asenjo. Bajo la lupa están 17 contratos por importe superior al millón de euros y de los que constan las facturas. Por un lado, los suscritos por Iberdrola en los ejercicios de 2004 a 2009 y por otro, los de Iberdrola Renovables Energía en 2012 y 2017. El radar no abarca, no obstante, los posteriores a 2013, cuando Villarejo ya había salido de la Policía.

Tanto el comisario como Asenjo están investigados por cohecho y revelación de secretos, igual que se encuentran imputados directivos como Juan Carlos Rebollo y exdirectivos como José Antonio del Olmo; no así Iberdrola como persona jurídica ni tampoco su presidente.