Polémica en Aragón al ofrecer 522 euros al mes también a los ilegales

▶La ley que regula la nueva renta social no distingue entre españoles y extranjeros ni tiene en cuenta la situación irregular de los inmigrantes

ragón cuenta desde ayer con una nueva ley que garantiza una renta social de 522 euros al mes a todo empadronado en la región, sea español o extranjero y sin distinguir entre inmigración legal e ilegal, aunque el Gobierno autonómico, después de que ABC reprodujese en su página web el texto literal de esta norma y ante el revuelo que generó, aseguró que su intención es excluir de esa paga a los inmigrantes ilegales. Aunque la norma no incluye tal veto, el Ejecutivo aragonés dice ahora que el «espíritu» de la ley no era incluir a la inmigración ilegal.

Esta versión la difundió ayer por la tarde el Gobierno del socialista Javier Lambán, formado por el cuatripartito del PSOE, Podemos, el PAR y los soberanistas de la Chunta. La aclaración oficial la lanzó después de que ABC informara detalladamente del articulado de esta nueva ley, y casi una semana después de que fuera aprobada por las Cortes de Aragón. Cuando se votó fue respaldada por todos los grupos políticos –no recibió ningún voto en contra–, aunque el PP y Vox, en el apartado concreto de los beneficiarios, expresaron sus reservas y optaron por abstenerse.

Los 522 euros mensuales son la renta social mínima que percibirán los beneficiarios individuales. Pero la misma ley establece que se incrementará si hay cargas familiares y, además, se establece una cuantía adicional para gastos de vivienda.

ARequisitos

Esta nueva norma autonómica se ha dictado para establecer una renta mínima vital en Aragón, en paralelo y como complemento al Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado.

El requisito que marca esta ley aragonesa para percibir la nueva renta social autonómica es que el beneficiario esté empadronado y tenga bajos recursos económicos. El texto no pone límite alguno a que esa residencia sea legal o ilegal. El párrafo primero del artículo 3 de dicha ley establece: «Podrán ser beneficiarias de la prestación aragonesa complementaria las personas empadronadas y con residencia efectiva en Aragón» que estén «en situación de vulnerabilidad económica». Es decir, el requisito que establece la norma para cobrar esa paga es estar empadronado, sin distinguir entre españoles y extranjeros.

En el caso de inmigrantes, el articulado de esta ley no excluye a los que estén en situación ilegal en España, no pone límite expreso alguno al respecto. De hecho, ni siquiera alude a la residencia legal, sino que se ha preferido establecer únicamente el requisito de la «residencia efectiva» (lo que es una realidad de hecho, no una situación de derecho).

Reacción del Gobierno

La información de ABC.es en la que desgranó el contenido de esta nueva ley desencadenó una gran polémica, y el Gobierno aragonés reaccionó, primero, diciendo que la noticia era falsa y, después, dio marcha atrás y argumentó que aunque la letra de la ley es la que es, «la esencia» de esta nor

Un grupo de inmigrantes en situación irregular en Fraga (Huesca) ma no es conceder la renta social a inmigrantes ilegales. El texto que ha entrado en vigor no pone ningún límite al respecto, pero el Gobierno de Javier Lambán sostiene ahora que «para percibir este pago» se tendrá que cumplir «el resto de leyes en vigor que rigen la convivencia en España, entre ellas la