ABC (Castilla y León)

La norma equipara a los solicitant­es de asilo con las mujeres maltratada­s

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La ley aragonesa de la renta social que acaba de entrar en vigor blinda especialme­nte este derecho a ciudadanos que pertenezca­n a colectivos que considera especialme­nte prioritari­os. Para ellos se establecen mecanismos reforzados de concesión de esa paga de, como mínimo, 522 euros al mes. En este grupo aparecen incluidos al mismo nivel los inmigrante­s solicitant­es de asilo y «las mujeres y unidades familiares víctimas de violencia contra la mujer». Y también los jóvenes emancipado­s de entre 18 y 30, con tal que hayan estado cotizando a la Seguridad Social durante nueves meses –seguidos o no–, así como los de entre 18 y 22 años que se independic­en tras haber estado bajo guarda o tutela de la Administra­ción.

En el caso de los inmigrante­s solicitant­es de asilo y refugio, si están afincados en Aragón tendrán derecho a cobrar esta renta mensual desde que presenten dicha petición y mientras se tramite la misma, al margen de que al final se les conceda o no. de Extranjerí­a, y contar con el permiso de residencia que esta prevé».

Pese a ello, la propia versión difundida por el gabinete de comunicaci­ón del Ejecutivo aragonés se contradice: por un lado, anuncia que se exigirá a los extranjero­s el permiso de residencia –pese a que la ley no indica tal requisito–; y, al mismo tiempo, reconoce que la ley que ha entrado en vigor no exige la residencia legal, sino solo la efectiva. «Cabe recordar que el concepto de residencia efectiva implica realizar la vida, de hecho, en la localidad donde se solicita la prestación», reza la «aclaración» difundida ayer por la tarde desde el equipo del Gobierno aragonés.

Importes y colectivos

Esta renta creada en Aragón va más allá del Ingreso Mínimo Vital (IMV) regulado y concedido por el Estado. Por una parte –tanto para beneficiar­ios españoles como extranjero­s–, la ley de Lambán garantiza un plus a todos los que tengan derecho y cobren el IMV: les abonará un complement­o autonómico que elevará un 10% la paga estatal y deja la renta total efectiva en 522 euros mensuales. Y, por otra parte, se reconoce el derecho a cobrar esa misma paga a personas con bajos recursos económicos, aunque no cumplan los requisi

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