Las regiones loberas acudirán al Supremo si el Gobierno no rectifica
▶ Dan tres semanas de plazo para sacar al lobo del listado de especies con protección especial Las organizaciones agrarias amenanzan con pedir la dimisión de la ministra «por traición»
Su postura contraria a que el lobo se incluya en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lerpe) no es la del «no por el no». A las cuatro principales comunidades autónomas loberas: Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia —que reúnen en sus territorios el 95% de los ejemplares de este animal existentes en el país— les sobran experiencia y motivos para lanzar esta petición al Gobierno. Buscan diálogo, la creación de una mesa de trabajo para «discutir todo sin ninguna línea roja» y avisan al Gobierno central de que si en un plazo de tres semanas, hasta el 15 de junio, no se ha retirado la orden ministerial que protege esta especie se verán obligadas a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo para solicitar medidas cautelarísimas de suspensión.
Representantes de las cuatro autonomías se reunieron ayer en León para analizar la situación y sus posibles soluciones, así como para renovar, al mismo tiempo, su compromiso «en favor de la ganadería y el medio rural». El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, consideró necesario elaborar un censo nacional del lobo y actualizar la estrategia nacional en materia de biodiversidad «de abajo a arriba», de forma que se pueda remitir al Gobierno y se someta a un grupo de trabajo y una conferencia sectorial.
En su intervención, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, valoró la decisión tomada por el Ejecutivo de incluir al lobo en el Lerpe como «un atentado contra el medio rural y un desprecio sin paliativos» hacia unas zonas a las que cree que se condena a la despoblación. En su opinión, las comunidades loberas «cuentan con el aval de haber gestionado durante muchos años al lobo y haber hecho que la especie haya incrementado el número de ejemplares», por lo que no entiende que no hayan contado con ellas para tomar esta decisión y se hayan «despreciado las numerosas llamadas al consenso». «No queremos exterminar al lobo, pero tenemos que equilibrarlo, porque está en la cabeza de la cadena trófica y, salvo el hombre, nadie puede hacerlo», remarcó.
Una opinión similar fue la que expuso la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, que también hizo hincapié en la importancia de que exista un «equilibrio entre el lobo y el hombre», porque desde 2015 «se ha duplicado el número de avisos de ganaderos por ataques del lobo, con hasta 1.000 reses más atacadas». «Para garantizar la biodiversidad hay que tener diálogo y no podemos proteger a una especie para que otras se vuelvan más vulnerables», dijo.
«Inseguridad jurídica»
Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, mostró su preocupación por la situación de «inseguridad jurídica» generada en este momento y consideró necesario renovar la estrategia nacional e introducir la ganadería extensiva en las políticas de defensa de la biodiversidad.
En la reunión participaron también representantes de las organizaciones agrarias como el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González del Río, o el secretario general de Coag, Miguel Blanco, entre otros. Ellos también consideraron que incluir al lobo en el Lerpe es un «ataque» y que si no se convoca a las partes para negociar pedirán la dimisión de la ministra Teresa Ribera por «traicionar la confianza del campo». «Los que están en peligro de extinción son los ganaderos de extensivo», advirtieron.