El Gobierno de Aragón eliminó el requisito de la «residencia legal» para su renta mínima
▶ Lo incluyó en un borrador previo, pero desapareció en la ley que garantiza 522 euros para todo empadronado
El Gobierno aragonés eliminó el requisito de la «residencia legal» cuando tramitó y llevó a las Cortes regionales la ley de la renta mínima, la denominada ‘Prestación Aragonesa Complementaria’ para personas con bajos recursos económicos. Ese borrador consta en la propia página web del Gobierno regional y el archivo está fechado a finales de octubre del año pasado. Se trataba de un borrador de decreto para «la aplicación de la Prestación Aragonesa Complementaria», y en él aparecía expresamente que, para poder acceder a esta paga, debía ser requisito imprescindible «tener residencia legal en España», además de estar empadronado y tener «residencia efectiva». Eso excluía de plano a los inmigrantes irregulares. Sin embargo, en el proyecto de ley que tramitó en las Cortes regionales, desapareció el requisito de la residencia «legal».
En la práctica, en su lista de potenciales beneficiarios, la nueva ley de la renta mínima autonómica no distingue entre españoles y extranjeros; y, entre estos últimos, no diferencia entre regulares e irregulares.
El requisito de la residencia legal no solo no figura en la lista de requisitos exigidos para los beneficiarios de esta prestación de 522 euros al mes –como mínimo–, sino que no se habla de residencia legal en ninguno de los 13 folios que ocupa esta nueva ley en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), donde fue publicado. Ni rastro en el preámbulo, ni en sus cuatro capítulos, 18 artículos, cinco disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y tres finales.
El borrador que sobre este asunto manejó el Gobierno del socialista Javier Lambán consideraba fundamental especificar el requisito de la residencia legal. Con ello, dejaba claro que entre la residencia «legal» y la «efectiva» hay un considerable trecho jurídico, y cerraba expresamente la puerta a los inmigrantes irregulares. Pero, en la ley que se ha aprobado y que ya está en vigor, eso se amortizó con la supresión del requisito de legalidad residencial.
La ley fue promovida
Javier Lambán por el Gobierno aragonés que el PSOE comparte en cuatripartito con Podemos, el PAR y los soberanistas de la Chunta. Cuando el texto se votó en las Cortes regionales, no hubo ningún voto en contra. En la Cámara autonómica, además del cuatripartito gobernante, se sientan también PP, Cs, IU y Vox. Solo PP y Vox expresaron ciertas reservas sobre el artículo relativo a los beneficiarios, y optaron por abstenerse en esa parte de la ley.
Consecuencias
Suprimida la exigencia de la residencia legal, esta ley únicamente establece el requisito del empadronamiento y de la «residencia efectiva». Es decir, la estancia de hecho, al margen de su condición legal.