Prepara una norma que establece el derecho a ser atendido en la lengua que deseen
Baleares obligará a las empresas privadas a atender en catalán ▶
La diferencia es muy sustancial: si se exige la residencia legal, el ciudadano extranjero que opte a esa prestación debe tener regularizada su situación en España. Pero, tal y como ha quedado aprobada la ley, se prescinde de ese requisito y basta con estar empadronado. Y hay que tener en cuenta que, para empadronarse en cualquier ayuntamiento español, no se exige estar en situación legal en España; es una mera constatación administrativa de una residencia –una realidad de hecho, no de derecho–.
El tenor literal de esta nueva ley choca con la versión del Gobierno de Aragón que, tras atacar la información de ABC, argumentó que el «espíritu» de este texto legal no contemplaba esta renta mínima regional para los inmigrantes irregulares. El Ejecutivo regional afirma que, cuando se ponga en práctica la ley, se excluirá a quienes no tengan legalizada su residencia en el país. Tras la polémica que ha desencadenado, el Gobierno de Lambán dice que restringirá y endurecerá los criterios de acceso a esta renta básica. Para eso hará falta o retocar la ley o un reglamento de desarrollo.
El Govern balear de la socialista Francina Armengol da un nuevo paso en la exigencia del uso del catalán y pretende extenderlo al sector privado, obligando a las empresas que ofrezcan servicios en Baleares y en las actividades socioeconómicas en general a atender en catalán si el usuario lo pide. Así lo recoge el borrador del anteproyecto de la Ley de Protección de las Personas Consumidoras de las islas, que dedica su artículo 29 a regular la «lengua utilizada en las relaciones de consumo» y en la que se establece que «los consumidores tienen derecho a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan».
Los consumidores tendrán derecho a recibir en catalán las ofertas, la información precontractual y contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y demás documentos relacionados. También se incluyen las instrucciones de uso y consumo de los bienes y servicios, «con independencia del formato o soporte utilizado», y, en especial, los datos obligatorios relacionados con la salvaguarda de la salud y la seguridad, así como los contratos de todo tipo con consumidores y la documentación anexa.
Aunque la ley no lo especifica, la exigencia se extendería a cualquier empresa del sector servicios, desde hoteles y otros establecimientos turísticos, restaurantes y bares o tiendas y todo tipo de comercios, empresas de construcción, administración y gestión, peluquerías y centros de estética, talleres de mecánica, gimnasios, piscinas, empresas de artes gráficas o que ofrezcan servicios socioculturales.
Se incluye, además, la obligación de ofrecer en catalán los productos elaborados en Islas Baleares que gozan de denominación de origen, geográfica o de calidad y los productos artesanales que se confeccionen y comercialicen en las Baleares deben llevar la información en catalán.
No hay deber de conocer
La nueva ley regula el derecho «sin perjuicio del respeto al pleno derecho de disponibilidad lingüística». Cabe recordar que la Constitución Española establece el deber de conocer y el derecho a usar el castellano y el derecho a usar –no el deber de conocer– el catalán.
La entidad soberanista Obra Cultural Balear (OCB) celebra que la norma reserve un capítulo a los derechos lingüísticos, aunque ve «insuficiente» su redactado y pide ir más allá y recuperar las disposiciones de la ley de comercio de 2001 que derogó el ex presidente del PP balear, José Ramón Bauzá. Este documento establecía que se debía garantizar la atención en catalán en los comercios con más de tres trabajadores. La entidad catalanista, multisubvencionada con ayudas para el fomento de la lengua por el Govern de Armengol, considera que la nueva ley se queda corta y reclama que se «clarifiquen» las condiciones en que opera el derecho a ser atendido en catalán. También, que se tipifiquen como «graves» las vulneraciones de los derechos lingüísticos, como se hacía en la ley de comercio de 2001. Desde la Dirección general de Consumo explican a ABC que el texto de la norma no es definitivo, está en tramitación y «abierto a debate, como ocurre con cualquier ley».