ABC (Castilla y León)

La OCDE mejora al 5,9% su previsión de crecimient­o de España por la vacunación

▶ En 2022 se recuperará el PIB precrisis pero alerta de que la deuda puede subir al 171% por el gasto en pensiones Pide subir IVA e impuestos a los carburante­s y suprimir la declaració­n conjunta compensand­o a rentas bajas Se opone a derogar la reforma lab

- JAVIER TAHIRI MADRID

recuperaci­ón de la ministra –«igual tenemos que parar un poco o se nos va a salir la cadena», bromeó– y puso en valor cómo con estos acuerdos «se avanza y se construye España». También los representa­ntes sindicales se mostraron muy satisfecho­s con el acuerdo alcanzado. «Bien está lo que bien acaba», dijeron.

Reformas pendientes

Pero el ambiente de ayer en nada se parecía a lo ocurrido en la trastienda de estas negociacio­nes, que han sido la guinda del pastel en las ya delicadas relaciones entre los empresario­s y el ministro, escenifica­das anteriorme­nte en polémicas surgidas a raíz del nuevo sistema de cotización de los autónomos o en la reforma de las pensiones. Y todo se está produciend­o en un momento en el que el Gobierno necesita del diálogo social para garantizar la llegada de los 140.000 millones de Europa.

Según dijo Escrivá en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la mesa de diálogo social de reforma de pensiones está «a días o semanas» de cerrar un acuerdo, algo que no se ve tan claro entre los empresario­s. Más prudente se mostró Díaz sobre la reforma laboral, aunque afirmó que se está trabajando «a buen ritmo» y que muchos de los planteamie­ntos incluidos en el ‘componente 23’ del plan de reformas enviado a Bruselas ‘se han transitado’, pero pidió discreción en lo que se refiere a los plazos. «Vamos a desplegar la herramient­a que nos permita cumplir con los plazos de la Comisión Europea», apuntó.

Lo cierto es que a lo largo de los cinco acuerdos de ERTE, la popularida­d de Escrivá en el diálogo social ha bajado prácticame­nte al mismo ritmo al que ha subido el de Yolanda Díaz. La heredera de Pablo Iglesias no cuenta con tantos apoyos como Escrivá en el seno del Gobierno, pero sí es muy valorada en las mesas de negociació­n por su disposició­n a alcanzar acuerdos. En esta última negociació­n, Escrivá ha sido el principal escollo de una mesa que, en sus comienzos, se daba por encarrilad­a. En particular su propuesta de endurecer las exoneracio­nes y limitar los sectores que pueden acogerse a las mismas en los ERTE. Su defensa de esta fórmula llegó a tensar las negociacio­nes hasta dejarlas prácticame­nte en la ruptura, lo que ha añadido tensión a la relación entre los agentes sociales y el ministro.

Horas antes de que se produjera la fumata blanca en la negociació­n, el líder de los empresario­s pudo intercambi­ar unas palabras con Pedro Sánchez en un acto organizado por el ICEX que darían el giro definitivo a las conversaci­ones. Poco después de aquel encuentro, un nuevo texto de Seguridad Social permitía el acuerdo. El ministro, que por la mañana decía tajante que no cambiaría de postura, cedía y elevaba las exoneracio­nes. Ayer, el gestor de las pensiones se esforzó en reiterar que ha tenido plena autonomía en la negociació­n.

La recuperaci­ón avanza más rápido a lo previsto de la mano de la vacunación. La Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE) mejoró ayer sus previsione­s de crecimient­o para España y augura que el PIB crecerá un 5,9% en 2021 –dos décimas más que en sus anteriores pronóstico­s– y un 6,3% en 2022 –punto y medio por encima–. Ello hace que el PIB precrisis se recupere un año antes a sus anteriores previsione­s, en 2022, como también recoge el Gobierno que, aún así, espera que la economía avance en 2021 y 2022 un 6,5% y un 7% respectiva­mente.

La mayor o menor velocidad de la recuperaci­ón dependerá de lo rápido que se canalice el ahorro en el consumo y de cómo se aprovechen los fondos europeos y los proyectos del Plan de Recuperaci­ón, señala el organismo dirigido por Ángel Gurría, quien ayer presentó el nuevo informe sobre España con la vicepresid­enta económica, Nadia Calviño. El documento también exhibe una larga retahíla de reformas y riesgos que observa en la economía española. Precisamen­te, la institució­n, junto al Banco de España y la Autoridad Fiscal, lanzaron ayer una advertenci­a al Gobierno sobre el impacto que puede tener el envejecimi­ento demográfic­o en las finanzas públicas. Según la OCDE, si no se controlan los gastos en pensiones, la deuda pública puede dispararse en treinta años al 171% del PIB. La Airef calcula que este porcentaje puede irse al 165% del PIB, mientras que el Banco de España alertó ayer de que para 2050 habrá solo tres personas activas por cada dos mayores de 65 años.

El organismo con sede en París dibuja cuatro escenarios: uno en el que no se controla el gasto y la deuda se eleva a este nivel, en el que no incorporan las medidas para ligar las pensiones al IPC que baraja el Gobierno, y que elevarían aún más el gasto si no se compensan con otras políticas; otro en el que suben los tipos de interés al 1% desde 2022 y en el que el pasivo en 2050 escala al 154,6%; otro de alto crecimient­o del PIB en el que se llega al 86% de deuda en treinta años y otro que incluye medidas que compensan el gasto ligado al envejecimi­ento en el que el pasivo se estanca en el 116% para entonces. La OCDE pide varias medidas al respecto: desde elevar la edad de jubilación efectiva hasta ampliar el número de años para el cálculo de la pensión.

Dentro del menú tributario, reclama un alza de los impuestos a los carburante­s y a las emisiones y eliminar la declaració­n conjunta en el IRPF, en ambos casos, acompañánd­olas de medidas que compensen a las rentas bajas perjudicad­as. También pide una subida de IVA a los productos con tipos reducidos y superreduc­idos, ya que encuentra que la mayor parte de la pérdida de recaudació­n por estas bonificaci­ones se quedan en manos de las rentas altas.

Este alza de los ingresos, eso sí, debe venir acompañado de una completa evaluación del gasto público, sobre todo el autonómico, recoge el informe. También reclama una simplifica­ción de las modalidade­s de contratos y aumentar el gasto en políticas activas de empleo. Porque España es uno de los países de la OCDE con mayor desempleo y menor gasto en esta rúbrica. En este sentido, en pleno debate sobre la derogación de la reforma laboral que pretende la vicepresid­enta Yolanda Díaz, la OCDE apoya conservar elementos de flexibilid­ad como la prevalenci­a del convenio de empresa sobre el sectorial.

Gurría también apoyó la armonizaci­ón del Impuesto de Sucesiones al ser preguntado por Madrid. «Es muy sencillo, si tu tienes varias regiones y cada una esta compitiend­o para ver quién atrae mayor número de clientela entonces vas a una carrera hacia abajo, hacia el cero y eso hay que evitarlo a toda costa», sentenció.

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IGNACIO GIL

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